Para entender el presente hay que volver a esa semana de abril de 2009. Un joven dirigente estudiantil de quinto año de Derecho llamado Gabriel Boric lideró la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Durante más de 40 días, los estudiantes permanecieron al interior del emblemático edificio de Pío Nono. El petitorio era claro: la renuncia del decano Roberto Nahum.
No estaban solos. Un grupo de profesores —entre ellos Davor Harasic y Fernando Atria— había solicitado un sumario contra Nahum por presunta deficiente gestión y casos de plagio para acceder a su cargo como profesor titular. Las visitas de esos académicos a la ocupación, y el ofrecimiento de Harasic de costear la alimentación de los estudiantes en toma, alimentaron los rumores de coordinación. El historiador Alfredo Jocelyn-Holt no dudó en llamarlo «un complot».
Al día 42, el 5 de junio de 2009, Nahum presentó su renuncia. El rector Víctor Pérez la calificó de «acto de generosidad». Para una parte del claustro, fue el inicio de algo más oscuro.
«Los estudiantes demostraron que podían sacar a un decano solo con presiones», afirmó un miembro del cuerpo docente consultado para este reportaje. «Ese fue el inicio de una relación académica dictada al ritmo de los alumnos». Y añadió: «En una escuela de Derecho, que enseña a aplicar las leyes, no es posible que se destituya a alguien electo por mayoría».
La grieta se ensanchó con las movilizaciones de 2011, cuando la facultad se convirtió en epicentro de las coordinaciones estudiantiles a nivel nacional. Hasta ese momento, según datos del Barómetro de Educación Superior, Derecho de la Universidad de Chile registraba un 82% de percepción favorable entre estudiantes de tercero y cuarto medio, posicionándola como la mejor del país.
Los detalles cuentan la historia. En 2004, en colegios no pagados, la facultad lideraba las preferencias de primera opción con un 66% frente al 21% de la Universidad Católica. Para 2025, según datos de la plataforma Nodo Educacional —a cargo de la consultora Unholster—, esa ventaja se había invertido por completo: la PUC registra un 49% frente a un 28% de la Universidad de Chile.
Jocelyn-Holt documentó su diagnóstico en el libro La Escuela Tomada (2015) y lo actualizó en una carta publicada en junio en el diario La Segunda: «Se ha agigantado el número de alumnos entrantes, nos hemos masificado y, obviamente, a más alumnos —con cada vez menos puntajes óptimos—, hay proporcionalmente menos estudiantes sobresalientes». El historiador fue más lejos: «Quizá un tercio de los alumnos aceptados no deberían estar ni siquiera en la universidad».
La segunda acta llegó en 2018. Davor Harasic —el mismo que ofreció financiar la alimentación de la toma de 2009— renunció como decano el 11 de junio de ese año, antes de completar el mandato que había iniciado en 2015. La facultad llevaba más de 70 días ocupada en el marco del movimiento feminista, que había detonado tras la denuncia de acoso sexual contra el profesor y ex presidente del Tribunal Constitucional Carlos Carmona. El sumario contra el abogado demoró casi nueve meses, lo que exacerbó el malestar estudiantil.
Al renunciar, Harasic cuestionó al rector Ennio Vivaldi por «una validación de las tomas» y advirtió: «No ha advertido cabalmente el grave riesgo que esta tendencia representa para el futuro quehacer de nuestra corporación». El giro era irónico y revelador: quien había acompañado la primera toma terminaba siendo su víctima institucional.
La escena lo dice todo. Dos decanos removidos por presión estudiantil en menos de diez años; una facultad que en 2004 aplastaba a la Católica entre los mejores puntajes y que en 2025 le cede casi 20 puntos de ventaja; un cuerpo docente fracturado que todavía debate en privado lo que Jocelyn-Holt se atrevió a escribir en público.
Hay un principio en juego que va más allá de la anécdota universitaria: cuando las instituciones ceden ante la presión en lugar de aplicar sus propias reglas, el costo no lo paga quien presiona sino quienes llegan después. En este caso, los estudiantes que eligieron Pío Nono creyendo que seguía siendo la mejor facultad de Derecho del país. El aparato académico validó la toma; el mercado de talentos emitió su propio veredicto. Y ese veredicto, a diferencia de una asamblea, no se puede tomar.
