La escena lo dice todo. En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, una pareja que llegaba de Miami, Estados Unidos, habría ingresado con dos perros y quedó retenida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) durante el control de ingreso.
La razón fue una irregularidad en la información relacionada con la vacunación de las mascotas. Según la versión recogida por La FM y citada por Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en ese momento les indicaron que no podían continuar su trayecto hacia Cali si no tenían la documentación al día de ambos perros.
La pareja, de acuerdo con Hernández, tomó otra decisión. «Nosotros seguimos para Cali, ustedes mirarán qué hacen», dijo que respondieron antes de embarcar y seguir el viaje sin el pomerania y el pitbull, de cinco y seis meses.
El caso generó una ola de indignación y llevó a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá a llegar al aeropuerto para hacerse cargo de los animales. Luego los trasladaron a un centro especializado, donde les hicieron algunas valoraciones médicas y comprobaron que se encontraban en buen estado de salud.
El IDPYBA anunció que tomará las acciones correspondientes ante las autoridades para que la pareja responda ante la justicia y evitar que los animales sean devueltos. Hernández fue más lejos: «Vamos a judicializarlos por la posible falsedad y porque, obviamente, el abandono de un animal puede ser delito en Colombia», afirmó.
En medio del revuelo, también surgieron solicitudes para que las autoridades y la Embajada de Estados Unidos evalúen la posibilidad de revocar la visa estadounidense de los señalados por el abandono de los animales. Mientras avanzan las investigaciones, esa petición quedó instalada como parte del desenlace público del caso.
Más allá del escándalo, el episodio deja una señal incómoda sobre el costo de la irresponsabilidad y el lugar que ocupan los animales frente a trámites que deben cumplirse. Cuando el Estado encuentra una irregularidad, la respuesta no debería ser desentenderse y seguir de viaje, sino asumir consecuencias.
Aquí hay algo más que indignación: hay una discusión sobre orden, cumplimiento de reglas y responsabilidad individual. Si el abandono terminó en un reclamo para judicializar y revisar una visa, es porque el sistema recordó que la libre circulación no es licencia para dejar atrás lo que se decide llevar. La propiedad y el cuidado de los animales implican deberes, no solo prerrogativas.
