Gustavo Petro convirtió su paso por Barranquilla en una denuncia contra lo que llamó un intento de censura. Según el expresidente, la Aerocivil bloqueó a su esquema de seguridad en el aeropuerto Ernesto Cortissoz y luego la Universidad del Atlántico fue cerrada con candado para impedirle hablar con estudiantes sobre el presupuesto que viene y la educación pública.
La escena empezó en el aeropuerto, en Soledad, donde Petro aseguró que personal del sitio no permitió el acceso de su escolta. El exmandatario sostuvo que el jefe de seguridad del aeropuerto, funcionario público de la Aeronáutica Civil, arriesgó su seguridad personal al hacerlo recorrer la terminal sin acompañamiento. Después mostró imágenes y videos del recibimiento de ciudadanos barranquilleros.
El episodio siguió en la universidad. Petro afirmó que, al llegar al campus, personal de la institución le impidió el ingreso y que incluso colocó un candado para bloquear su entrada. En su versión, el objetivo era evitar que hablara con estudiantes sobre el presupuesto para 2027 y la educación pública. En X escribió: «Desde la Aerocivil bloqueando mi escolta de seguridad en el aeropuerto de Soledad, que como presidente de la república amplié y saque de la corrupción, hasta cerrar la universidad con candado para impedir que pudiera hablar con los estudiantes sobre el presupuesto que viene y la educación pública».
Horas antes del encuentro, la rectoría de la Universidad del Atlántico había suspendido clases y labores administrativas en la sede norte mediante una resolución emitida el lunes. La institución dijo que actuó por razones de seguridad y que el evento no contaba con autorizaciones, pólizas, permisos ni planes de contingencia.
Pese a la suspensión, el conversatorio llamado «Conversando con Petro» se realizó con normalidad. Había sido convocado en el marco de la elección de representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario y contó con el respaldo de sectores regionales del Pacto Histórico.
Durante su intervención, Petro atribuyó la decisión de la rectoría a una motivación política. También calificó de «charlista» al rector Leyton Barrios, por su cercanía con Cambio Radical y con el grupo político de la familia Char. El expresidente sostuvo que el cierre de la institución restringió la libre expresión y expuso a los asistentes a riesgos de seguridad.
La escena lo dice todo: cuando una universidad pública se convierte en campo de disputa política, la discusión sobre educación queda atrapada entre la propaganda, los permisos y la trastienda del poder local. El hecho central no es solo quién habló más fuerte, sino quién terminó administrando el acceso a un espacio que pertenece a los estudiantes y a la comunidad académica.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: en nombre de la seguridad, una institución suspendió actividades y el expresidente lo leyó como censura. En medio quedó la pregunta de fondo sobre las reglas, la autonomía y el uso político de la universidad pública. Cuando el aparato estatal y la dirigencia convierten cada acto en una pulseada, el costo no lo paga la retórica: lo pagan los estudiantes, los contribuyentes y la confianza en las instituciones.
