El cruce empezó en el Congreso y terminó, como tantas veces en la política colombiana, en una disputa por el relato. Durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional realizada el 7 de octubre de 2026, el senador Germán Rodríguez increpó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y le pidió retirarse del recinto. Rodríguez, senador y mayor retirado de la Infantería de Marina, le dijo: «Usted no tiene que estar aquí (...). Usted lastimó a las Fuerzas Militares en Colombia. Haga el favor, se retira. Eso no se hace. Respete esta ceremonia, haga el favor». Jaramillo respondió que asistió por invitación formal, negó las acusaciones y permaneció hasta el final del acto.
La escena lo dice todo. Lo que parecía una controversia protocolaria se convirtió en una nueva pieza del enfrentamiento político entre Gustavo Petro y sus adversarios. Tras el episodio, Petro salió en defensa de Jaramillo vía X y calificó de «extrema grosería» la actitud de Rodríguez. En el mismo mensaje, sostuvo que los cuestionamientos al exministro desconocen medidas que, según afirmó, alejaron a la institución de violaciones de derechos y mejoraron las condiciones de sus integrantes.
Petro vinculó esa defensa con una lista amplia de reivindicaciones sobre su gestión. Afirmó que su gobierno apartó de la Policía a oficiales relacionados con alias Pitufo y que la institución obtuvo sus mejores calificaciones de parte de la población al distanciarse de vulneraciones de derechos y libertades. También aseguró que su administración ascendió a 17.000 patrulleros al grado de subintendentes, medida que, según dijo, elevó los salarios de los uniformados y buscó reforzar su capacidad de resistir sobornos de bandas delincuenciales.
En paralelo, el exmandatario dirigió sus dardos contra Abelardo de la Espriella. Dijo que habría entregado 16 cargos estratégicos en distintas instancias del Gobierno a personas a las que describió como defensores de narcotraficantes. Según su planteamiento, esa decisión buscaría facilitar la devolución masiva de bienes incautados mediante extinción de dominio. Petro también afirmó que hoy «Abelardo le entrega de nuevo las medicinas de la Policía al clan Char», aunque no aportó detalles adicionales sobre esa acusación.
La disputa por Jaramillo, entonces, quedó atrapada entre dos narrativas opuestas: de un lado, la de quien dice que la fuerza pública fue lastimada; del otro, la de quien sostiene que se la fortaleció con más salario, más ascensos y mejores servicios. Jaramillo respondió en la misma red social que el gobierno de Petro no «lastimó» a la Fuerza Pública y aseguró que durante esa administración aumentó el presupuesto de la Policía, promovió ascensos y avanzó en mejores condiciones salariales y de bienestar para los uniformados.
Petro también llevó la pelea a un terreno más amplio. Dijo que su gobierno redujo los delitos de mayor incidencia entre la ciudadanía y vinculó la baja de hurtos y de casos de violencia intrafamiliar con medidas económicas dirigidas a reducir la pobreza, el hambre y la desigualdad. «Menos pobreza y desigualdad es menos hurto y se fortalecen las familias», escribió en X. A partir de esa premisa, cuestionó los discursos de la derecha sobre la familia y sostuvo que el progresismo la fortalece al mejorar sus condiciones económicas.
En otro tramo, defendió una estrategia de cooperación entre la Policía y campesinos en zonas de cultivos de coca. Preguntó: «¿Cuándo acaso habían visto policías y campesinos juntos desenterrar de raíz matas de hoja de coca en miles de hectáreas sembradas en el gobierno de Duque?». Según Petro, esa confianza entre ambos sectores es la clave para sacar a Colombia del narcotráfico.
Pero el cierre de su mensaje fue el más duro. «Estamos ante la construcción del estado mafioso capaz de desencadenar otro holocausto colombiano», afirmó. Con esa frase, Petro elevó una controversia de ceremonia militar a una acusación de sistema.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la trastienda del acto de ascensos dejó al descubierto algo más que una discusión de formas. Mostró cómo el Estado termina convertido en campo de batalla entre facciones que pelean por el control moral de la fuerza pública, los recursos y la narrativa sobre quién protege y quién daña.
Y ahí está el fondo del asunto. Cuando la política usa a la Policía como escenario de ajuste de cuentas, pierde el ciudadano y gana la burocracia del conflicto. Lo que debería ser orden institucional termina absorbido por la lógica del poder, con acusaciones cruzadas que no resuelven los problemas de seguridad ni mejoran la confianza pública. En esa pelea, la fuerza pública corre el riesgo de quedar otra vez como botín simbólico de la disputa política.
