La escena lo dice todo. Antes de pisar Lima, el secretario de Estado Marco Rubio ya había publicado su mensaje en el diario peruano El Comercio: Perú es, desde este martes 8 de septiembre de 2026, miembro formal del Escudo de las Américas.
«Estamos sincronizando esfuerzos para proteger nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú —que ahora es un importante aliado extra-OTAN— en el Escudo de las Américas», escribió Rubio en ese artículo, publicado el primer día de su gira por Colombia, Ecuador y Perú.
El anuncio no llegó por sorpresa. Antes de iniciar su mandato, la presidenta Keiko Fujimori ya había manifestado su voluntad de sumar al país a la iniciativa. La señal era pública; solo faltaba la formalidad.
Los antecedentes de Florida
El Escudo de las Américas nació en una cumbre encabezada por el presidente Donald Trump en marzo pasado, en Florida. A esa cita asistieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de República Dominicana, Luis Abinader. También estuvo el entonces presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que en ese momento todavía no había asumido el mando.
Perú no estuvo en esa mesa fundacional. Ahora se sienta en ella.
Minerales, mercado y soberanía
Rubio no llegó solo con retórica. En su artículo recordó que, tras la firma del Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos en febrero pasado, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos destinó 5 millones de dólares de forma directa al sector minero de Perú, con el objetivo declarado de generar ingresos fiscales y empleos locales.
El contraste que trazó Rubio fue explícito: «mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos», el sector privado estadounidense trae «inversiones abiertas impulsadas por el mercado, que preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio».
La advertencia sobre el modelo alternativo fue igualmente directa. Cuando las inversiones no se hacen con transparencia absoluta, señaló Rubio, «las empresas estatales extranjeras toman el control de la infraestructura estratégica y dejan tras de sí endeudamiento, vigilancia, explotación laboral y una soberanía debilitada».
El modelo Colombia
En el mismo artículo, Rubio situó a Colombia como referencia para la región. Mencionó que el Gobierno de Trump está revitalizando la amistad de 200 años que une a ambos países tras la asunción del mandatario Abelardo de la Espriella, para —según sus palabras— devolverle a Colombia «el lugar que le corresponde como pieza clave de la seguridad y la cooperación económica en la región».
Rubio describió la nueva posición de Colombia en materia de seguridad fronteriza y contra la inmigración ilegal como «modelo de cooperación regional», y afirmó que «las alianzas que actualmente están cobrando forma en Ecuador y el Perú se basan en un modelo que Colombia dedicó dos décadas a demostrar que puede funcionar».
«En conjunto, nuestros gobiernos trabajan hombro a hombro con las fuerzas de orden público para derrotar a los cárteles delictivos que han asolado nuestro hemisferio», concluyó.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La incorporación de Perú al Escudo de las Américas no es solo un gesto diplomático: es la consolidación de un bloque que ahora suma a una docena de gobiernos del continente bajo una arquitectura de seguridad y cooperación económica articulada desde Washington.
El principio que subyace es el que Rubio enunció sin rodeos: inversión transparente, propiedad soberana, marcos legales respetados. Frente a ese modelo, el financiamiento opaco de empresas estatales extranjeras —con sus cláusulas secretas y su infraestructura de vigilancia— queda como el término de comparación que ningún gobierno del bloque quiere encarnar. Los detalles cuentan la historia: 5 millones de dólares en minería, un estatus extra-OTAN y un artículo en el diario de mayor circulación del país. La trastienda ya estaba acordada; lo que Rubio firmó en Lima fue el desenlace.
