La escena lo dice todo. Un vehículo con placas QJX442, identificado como oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), es filmado en Ciudad Bolívar mientras libera perros en la vía pública. El clip circuló en TikTok y en cuestión de horas convirtió a la entidad en el blanco de una pregunta incómoda: ¿para qué sirve un instituto de protección animal que devuelve a los animales a la calle?
La respuesta institucional llegó rápido. Antonio Hernández, director del Idpyba, grabó un video explicativo en el que encuadró la acción dentro de la política CER —Captura, Esteriliza y Retorna—, también llamada CES (Captura, Esteriliza y Salva). «Capturamos animales en calle, los esterilizamos y los retornamos al lugar del cual fueron retirados. Lo hacen muchísimas ciudades porque es imposible tener todos los animales de calle en hogares», afirmó Hernández.
El argumento tiene sustento numérico: según el propio director, Bogotá registra cerca de 66 mil perros callejeros solo en esa especie, mientras que los cupos de atención del instituto alcanzan aproximadamente 500 lugares. La brecha es tan amplia que la devolución al entorno se presenta, desde la entidad, como la única salida operativa.
Pero los vecinos de Ciudad Bolívar no lo ven así. En redes sociales proliferaron mensajes que cuestionan el origen de los animales —«la misma comunidad de Ciudad Bolívar es la que hizo el video y denunció. No son perros de la zona», escribió un usuario— y que apuntan directamente al manejo del erario: «Desgraciados y así se van hurtando los dineros públicos. Y los animalitos de nuevo en calle. Qué falta de seriedad y compromiso por parte de esos funcionarios de la entidad pública».
La política CER, según el Idpyba, no opera en el vacío. El instituto describe un protocolo que incluye diagnóstico en terreno, jornadas de captura y esterilización con participación comunitaria, reuniones mensuales abiertas a organizaciones animalistas y la figura del «vecino buena pata», que busca adopciones dentro del propio barrio. Hernández detalló que el programa cubre más de cien barrios en Bogotá y que, antes de retornar a un animal, se trabaja con la comunidad receptora en identificación y cuidado.
Las solicitudes de intervención llegan a través de la plataforma Bogotá te Escucha, por correo electrónico y en sedes presenciales. El equipo CES también atiende pedidos de los Consejos Locales de Protección Animal y de redes de participación ciudadana.
Hernández cerró su intervención con un llamado a la adopción y a la información: «Ojalá mucha gente que denuncia a veces sin conocer los contextos, adoptara más. Al revés, más adopción, un poquito más de información y menos injusticias con el instituto».
Los detalles cuentan la historia. La controversia no es solo sobre perros: es sobre qué hace el aparato estatal con el dinero de los contribuyentes bogotanos y si los resultados justifican el gasto. Una entidad pública con capacidad para apenas 500 animales en una ciudad con 66 mil perros callejeros no es un problema de comunicación institucional; es un problema de diseño y escala. Que la respuesta oficial ante la indignación ciudadana sea pedir más adopciones —trasladando la responsabilidad al individuo— revela la lógica característica de la burocracia distrital: el Estado crece, promete y luego le devuelve el problema a la comunidad.
Mientras el Idpyba defiende su programa con el respaldo de la ley, la pregunta que queda sin respuesta clara es cuánto cuesta por animal cada ciclo de captura, esterilización y retorno, y si ese gasto produce una reducción mensurable de la población callejera. Sin esos datos sobre la mesa, el video viral seguirá siendo más elocuente que cualquier comunicado institucional.
