La escena lo dice todo. Paulina Núñez, presidenta del Senado de Chile y figura de Renovación Nacional, salió este martes de su rol protocolar para marcar distancias con dos iniciativas que circulan en el Congreso. No lo hizo en voz baja.
La primera es el proyecto «Escucha su Corazón», impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL). La iniciativa propone que, cuando una mujer solicite abortar bajo las tres causales vigentes, el médico tratante le ofrezca escuchar los latidos del embrión o feto. Si la paciente rechaza esa propuesta, el profesional quedaría obligado a negarse a realizar el procedimiento. Para Núñez, el proyecto «no le parece» y lo calificó directamente de «innecesario».
«Lo primero que tenemos que hacer pensando en el país es ordenarnos en nuestro propio sector, sin duda», señaló la senadora. Y fue más lejos: «Cuando a nosotros no nos parezca un proyecto que venga a instalar temas que además no son necesarios, por supuesto que lo vamos a decir».
Núñez reconoció que algunos han calificado esas diferencias como una deslealtad hacia el bloque oficialista, pero defendió su postura. «A mi me parece muy necesario que esos matices se vayan dejando claramente establecidos», sostuvo, amparándose en la tradición de libertad de acción que, según ella, ha caracterizado a su partido en materias de esta naturaleza.
La segunda controversia es de distinto calibre institucional. El gobierno presentó una reforma constitucional que incorporaría una nueva causal de cesación en el cargo para autoridades: el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas. La presidenta del Senado no ocultó sus reservas.
«El proyecto de reforma constitucional establece sanciones, ni más ni menos que la remoción del cargo, y aquí estamos hablando de autoridades elegidas democráticamente», advirtió Núñez. Su argumento central: un falso positivo o una duda en el procedimiento no puede terminar alterando representaciones, quórums o privando a alguien de un escaño ganado en las urnas.
En paralelo, la senadora reafirmó el camino que la Cámara Alta ya tenía trazado antes de que el Ejecutivo tomara la iniciativa: una modificación al reglamento del Senado que obligue a sus miembros a realizarse exámenes de drogas de forma obligatoria y aleatoria. «Los primeros en hacernos este examen vamos a ser quienes hoy día estamos conduciendo el Senado, me refiero al vicepresidente Iván Moreira y quien habla», anunció.
Núñez también respaldó extender esa obligación a los seremis y, en general, a todas las autoridades de gobierno. «A esta altura, a propósito que estamos hablando de cuestiones como incluso la presencia del crimen organizado, quienes tomamos decisiones tenemos que tenerlo como un deber, como una obligación», concluyó.
Los detalles cuentan la historia. Lo que Núñez hizo este martes no fue un accidente de micrófono: fue una demarcación deliberada de territorio político. En un bloque de gobierno que agrupa sensibilidades distintas, la presidenta del Senado eligió la transparencia sobre la disciplina de fachada, y separó con nitidez dos debates que el oficialismo tiende a mezclar: el de las garantías procedimentales en el aborto y el de la integridad de los funcionarios públicos.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el punto más sustantivo es el segundo. La propuesta del Ejecutivo de remover autoridades electas mediante un mecanismo que puede producir falsos positivos toca un principio elemental del estado de derecho: la representación popular no debería poder deshacerse por vía administrativa sin garantías procesales robustas. Que sea precisamente la presidenta del Senado quien lo diga en voz alta, antes de que la reforma avance, es la señal de que el debate recién comienza.
