La escena lo dice todo. Dos instituciones del extremo austral de Chile —el municipio de Coyhaique y la Universidad de Aysén— se plantaron ante el Congreso Nacional con una propuesta que, en otro contexto, podría sonar heterodoxa viniendo de actores locales: menos regulación uniforme, más incentivos diferenciados, reglas distintas para realidades distintas.
La iniciativa es concreta: la creación de una Zona Económica Especial para la Patagonia. El argumento de fondo no es ideológico sino logístico. Producir e invertir en zonas extremas cuesta más. Las distancias a los mercados principales son mayores, la escala es menor, y atraer capital especializado, servicios y talento implica sobrecostos que ninguna empresa del centro del país enfrenta. Exigir competencia en igualdad de condiciones, sostienen los promotores, es una ficción que perpetúa el atraso.
«No estamos pidiendo privilegios», afirmó el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica. «Estamos proponiendo que Chile reconozca una realidad evidente, que no se puede exigir a la Patagonia competir en igualdad de condiciones cuando producir e invertir aquí cuesta más. Si queremos atraer inversión y empleo, necesitamos herramientas capaces de compensar esas brechas».
La propuesta no es un cheque en blanco al capital. El régimen de incentivos que plantean estaría sujeto a condiciones: generación de empleo local, contratación de proveedores regionales, innovación, cumplimiento ambiental y permanencia en el territorio. Es decir, incentivos atados a resultados verificables, no subsidios ciegos.
Los sectores que la iniciativa busca potenciar incluyen energías renovables, turismo estratégico, economía del conocimiento, ciencia austral, logística regional, servicios especializados y alimentos con valor agregado. Un mapa de oportunidades que la Patagonia tiene en abundancia pero que, sin las condiciones adecuadas, difícilmente se traduce en inversión sostenida.
Tras la presentación en el Congreso, ambas instituciones anunciaron que ampliarán el diálogo con parlamentarios, el Gobierno Regional, el Ejecutivo, gremios y actores privados. El objetivo es analizar la factibilidad jurídica, económica y técnica antes de avanzar hacia una propuesta legislativa formal.
«Chile lleva décadas hablando de descentralización», remarcó Gatica. «Ahora tenemos que pasar del discurso a los instrumentos concretos. Si las realidades territoriales son distintas, también debemos atrevernos a discutir políticas distintas».
Los detalles cuentan la historia. No es la primera vez que Chile discute zonas de trato diferenciado para sus territorios extremos. Lo que distingue esta propuesta es su origen: no viene del aparato central ni de un ministerio en Santiago, sino de actores locales que conocen de primera mano el costo de la distancia y la burocracia uniforme.
La lectura de Hemisferio es que esta iniciativa apunta en la dirección correcta. El libre mercado no funciona igual en todos los territorios cuando las condiciones de partida son radicalmente distintas. Reconocer esa asimetría con instrumentos concretos —incentivos condicionados a resultados, no gasto público discrecional— es exactamente el tipo de política que puede atraer inversión privada real sin depender de transferencias permanentes del Estado central. La descentralización verdadera no es solo administrativa: es también fiscal y regulatoria. Si la Patagonia logra convertirse en laboratorio de ese principio, el resto del país tendrá algo que aprender.
