El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ordenó una «revisión rigurosa, con enfoque forense» de la ejecución, destinación e impacto de los recursos de la cuota parafiscal arrocera y de las subastas de importación de arroz provenientes de Estados Unidos.
Lo hizo por medio de una carta dirigida a los miembros de la junta directiva de Fedearroz, en medio de una tensión creciente entre el Gobierno y los arroceros. Dangond sostuvo que «cada peso de la parafiscalidad debe estar debidamente soportado y traducirse en beneficios concretos para los productores».
La revisión, dijo el ministro, podría escalar si encuentra situaciones que ameriten actuaciones adicionales. En ese caso, las pondría en conocimiento de las autoridades competentes.
La carta incluye dos cifras que marcan el tamaño del debate. Durante los últimos 15 años, las subastas de importación de arroz proveniente de Estados Unidos habrían generado cerca de $292.867 millones, mientras que en el mismo periodo el recaudo de la cuota parafiscal habría superado los $259.000 millones.
Dangond, sin embargo, puso el foco en el estado actual del sector. Afirmó que miles de productores siguen enfrentando altos costos de producción, baja productividad, infraestructura insuficiente y riesgos crecientes por el clima y la volatilidad de los precios.
En su planteamiento, la cuota parafiscal «no es un fin en sí mismo», sino un instrumento creado para fortalecer al sector. Por eso, dijo, su administración debe estar acompañada de transparencia, rendición de cuentas y resultados verificables.
El ministro señaló además que, después de tantos años y de la movilización de recursos significativos, Colombia necesita avances concretos en productividad, reducción de costos, infraestructura, comercialización y gestión del riesgo.
También advirtió que la refinanciación de las obligaciones puede ayudar a superar la coyuntura actual, pero no sustituye las transformaciones estructurales que requiere el sector arrocero.
La carta abre con un llamado a la responsabilidad. Según Dangond, la situación de los arroceros exige soluciones de fondo y no es momento de trasladar responsabilidades entre el sector privado y el Gobierno, sino de asumirlas y actuar.
Aseguró que ha llegado el momento de fortalecer la confianza, mejorar la gestión y poner al productor arrocero en el centro de las decisiones. El Ministerio, añadió, seguirá defendiendo a los productores de arroz y trabajando con todos los actores de la cadena para construir un sector más competitivo, productivo y sostenible.
La escena lo dice todo. Cuando un ministerio ordena revisar con lupa el uso de recursos parafiscales, el debate deja de ser técnico y se vuelve político: quién administra el dinero de los productores, con qué resultados y bajo qué controles.
Para el lector, el punto de fondo es claro. Si la parafiscalidad existe para fortalecer al sector, entonces su valor se mide en productividad, costos y resultados, no en la inercia de la burocracia gremial. En esa trastienda se juega algo más que una disputa entre Gobierno y arroceros: se juega la confianza en que cada peso recaudado cumpla su propósito.
