La polémica sobre la formación académica de Paola Holguín dejó una certeza incómoda: la ministra de Culturas no obtuvo el título de la maestría en Estudios Políticos que aparecía en su perfil público cuando fue presentada para el cargo.
La Universidad Pontificia Bolivariana, con sede en Medellín, informó que Holguín cursó y aprobó todas las asignaturas del programa, pero no recibió el diploma. En una rectificación posterior, la institución reconoció un error en una publicación anterior en la que la presentó como egresada de la maestría.
La propia Holguín respondió a la denuncia de la senadora Jennifer Pedraza y admitió que «no me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado». En otro mensaje, sostuvo que en los documentos públicos «es claro que soy egresada o que cursé Maestría en Estudios Políticos», y calificó la controversia como un «show mediático».
Pedraza había asegurado que la ministra se había presentado públicamente con una maestría de la que no se graduó. También señaló que el título no figuraba en las hojas de vida registradas en sistemas públicos, aunque sí en publicaciones difundidas en las redes sociales de Holguín.
La UPB precisó además que, aunque la ministra realizó, sustentó y aprobó su trabajo de grado, no existe un acta de grado que certifique la obtención del título. La universidad marcó una diferencia entre haber culminado las actividades académicas del programa y haberse graduado.
En el perfil divulgado cuando Abelardo de la Espriella la anunció como ministra, Holguín aparecía como «Magíster en Estudios Políticos con énfasis en Economía y Desarrollo» de la UPB, según la información publicada entonces sobre su trayectoria. Después de conocerse la situación académica, la universidad rectificó.
Holguín, nacida en Medellín y de 52 años, es magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. También ha cursado estudios de Estrategia y Políticas de Defensa y de Territorio y Contrainsurgencia en el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa de la Universidad de Defensa en Washington, según la información difundida sobre su hoja de vida.
Más allá del episodio puntual, la escena lo dice todo: cuando una hoja de vida oficial o institucional se presenta con un título que no fue otorgado, el costo no es solo político. También es una señal sobre la seriedad con la que el aparato estatal maneja la información pública y sobre el valor que se le da al mérito verificable.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la presión no vino desde una oficina burocrática, sino de una pregunta concreta sobre un dato académico. En un sistema sano, la transparencia no debería depender de la denuncia de una senadora ni de una rectificación posterior; debería estar garantizada desde el principio. Los detalles cuentan la historia.
