La escena lo dice todo. El jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en X un artículo del medio Daily Signal que describía la ampliación del control de redes sociales a nuevas categorías de solicitantes de visa. No fue un comunicado formal del Departamento de Estado; fue un retuit. El gesto habla de la velocidad y el estilo con que la administración Trump comunica sus decisiones migratorias.
El Departamento de Estado confirmó la medida a la AFP mediante un correo electrónico. «El control de los perfiles en línea tiene como objetivo permitir a los solicitantes demostrar que cumplen los requisitos para obtener un visado en virtud de la legislación estadounidense y garantizar que ninguna persona represente un riesgo para la seguridad de Estados Unidos», indicó un portavoz de la agencia.
La política no es nueva en su lógica, pero sí en su alcance. Desde hace tiempo se aplica a estudiantes extranjeros y participantes en intercambios culturales, quienes ya debían hacer públicos sus perfiles en redes. Ahora el requisito se extiende a dos grupos adicionales: los periodistas extranjeros y los ciudadanos de México y Canadá que ingresan a territorio estadounidense por motivos de negocios bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá —el T-MEC—, así como sus dependientes.
Los afectados deberán cambiar la configuración de sus cuentas a «pública» o «abierta» antes de que las autoridades realicen la revisión de seguridad. No se trata de una solicitud voluntaria: es condición para el trámite.
En paralelo, el gobierno prepara otra norma que, salvo bloqueo del Congreso, limitará la estancia de periodistas extranjeros en suelo estadounidense a 240 días —aproximadamente ocho meses—, con posibilidad de solicitar renovaciones por períodos idénticos.
La frase que resume la doctrina la pronuncia con frecuencia el secretario de Estado, Marco Rubio: «Tener un visado es un privilegio y no un derecho». Esa premisa es la columna vertebral de la política migratoria de Trump, que ha combinado expulsiones masivas de inmigrantes en situación irregular con restricciones —en algunos casos descritas como draconianas por la AFP— al ingreso legal de ciudadanos extranjeros.
La medida ha generado críticas de organizaciones no gubernamentales que invocan la protección de la vida privada. El argumento es conocido: obligar a hacer pública una cuenta de redes sociales expone información personal más allá de lo estrictamente relevante para la seguridad, y puede desincentivar la libertad de expresión en los países de origen de los solicitantes, sabiendo que Washington observa.
Los detalles cuentan la historia. El requisito no distingue entre un tuit político y una foto familiar; la lógica de seguridad nacional aplana esa diferencia. Para los periodistas, el dilema es más agudo: sus fuentes, sus contactos, sus posicionamientos editoriales quedan expuestos como condición de acceso al país.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La administración Trump ha construido, pieza a pieza, un sistema en el que la frontera no es solo física sino digital. Cada capa añadida —control de redes, límites de estancia, configuraciones obligatorias— eleva el costo de entrada y, con él, el poder de negociación del Estado frente al solicitante individual.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la lógica de fondo merece reconocimiento: un Estado soberano tiene derecho legítimo a conocer quién cruza su frontera y con qué intenciones. Que Washington use herramientas del siglo XXI para ejercer ese derecho es coherente con el principio de que la visa es un acto de soberanía, no una obligación. El debate real no es si el gobierno puede revisar redes sociales —puede—, sino dónde traza la línea entre seguridad y vigilancia arbitraria. Esa línea, por ahora, la dibuja el Departamento de Estado con escasa rendición de cuentas pública. Para los empresarios mexicanos y canadienses que mueven valor real bajo el T-MEC, el nuevo requisito es burocracia añadida con costos concretos. El libre comercio fluye mejor cuando los trámites no se convierten en obstáculos discrecionales.
