Panamá requiere cambiar su Constitución. Esa es la tesis que abre la discusión y que, a juicio del autor, resume un deterioro acumulado: la Carta vigente es «en muchos aspectos, obsoleta» y ha permitido «el abuso por parte de los gobernantes». También sostiene que la institucionalidad del Estado ha sido «terriblemente vulnerada» y que, tras tantas veces violentada, ya queda poco de ella.
La escena lo dice todo. El país estaría «a las puertas de un cambio constitucional» que podría «mejorar notablemente la situación del Estado», pero el camino no será sencillo. El texto anticipa «un enorme esfuerzo por parte de los ciudadanos» y «duras y decisivas batallas» frente a los diputados. En esa trastienda aparece el verdadero conflicto: quién paga el costo del arreglo institucional y quién pierde poder si la reforma avanza.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El autor afirma que en otros países se ha probado que los parlamentos pueden funcionar con menos de 50 miembros y con un presupuesto mucho menor que los $200 millones que actualmente cuesta la Asamblea. Ese dato pone el foco donde la política suele incomodarse: en el dinero de los contribuyentes. La discusión no es solo sobre tamaño, sino sobre si el aparato estatal puede seguir absorbiendo recursos sin el contrapeso de una reforma de fondo.
El texto también identifica al principal obstáculo: «los diputados presentarán resistencia». Habla de una «vieja guardia» que se ha «enquistado», ha echado raíces y no dejará que le arrebaten sus «inmerecidos y escandalosos privilegios». Esa formulación no deja espacio para la ambigüedad: el debate constitucional no sería un trámite técnico, sino una disputa por incentivos, poder y supervivencia política.
En la propuesta que plantea el autor, la Asamblea debería reducir su tamaño y concentrarse en dos tareas: hacer leyes y fiscalizar al Gobierno. La idea conecta con una demanda clásica de orden institucional: menos dispersión, más control y menos espacio para la captura de la institución por intereses propios. Si esa reforma prospera, el efecto no sería solo simbólico; tocaría la forma en que el Estado administra recursos y ejerce su poder.
La referencia a una nueva Constitución también cambia el marco de la conversación pública. No se trataría únicamente de corregir artículos, sino de redefinir los límites del Estado y de exigir que el poder legislativo vuelva a cumplir el rol constitucional que le corresponde. En otras palabras, el centro del debate no es la retórica de la renovación, sino la capacidad real de desarmar privilegios y restaurar reglas.
Para la línea de la casa, el punto de fondo es claro: cuando una institución cuesta $200 millones y opera bajo sospecha de privilegios enquistados, la reforma no es un capricho, sino una necesidad de orden y responsabilidad. El dinero de los contribuyentes no debe sostener una estructura diseñada para proteger a una vieja guardia.
Si Panamá quiere una institucionalidad que vuelva a funcionar, el costo político no puede recaer solo en los ciudadanos. La prueba estará en si la reforma logra limitar al aparato estatal y devolverle a la Asamblea su función esencial: legislar y fiscalizar, no blindar privilegios. Ahí se medirá si el cambio constitucional sirve al país o si termina archivado por quienes más tienen que perder.
