La escena lo dice todo: un ingeniero francés, Philippe Bunau-Varilla, firma en Washington el 18 de noviembre de 1903 un tratado que entrega a Estados Unidos una franja de diez millas «como si fuera soberano». Los comisionados panameños, Manuel Amador Guerrero y Federico Boyd, llegan en tren dos horas después de la firma, cuando ya no hay nada que negociar. Panamá recibe 10 millones de dólares y una anualidad de 250,000, pagadera nueve años más tarde. Es el punto de partida de una disputa que tardará 74 años en resolverse.
Esa cronología, reconstruida ahora en medio del debate por el embalse de Río Indio —con unos 1,500 millones de dólares en juego, obras previstas desde 2027 y 423 familias por reasentar—, desmonta un relato cómodo: que la fecha del 7 de septiembre de 1977 basta para explicar cómo Panamá recuperó su Canal. Los detalles cuentan otra historia, más larga y con más protagonistas.
Entre 1903 y 1977 hubo intentos fallidos y logros parciales. El proyecto Alfaro-Kellogg de 1926, que convertía a Panamá en aliado automático de cualquier guerra estadounidense, fue enterrado por la presión popular antes de llegar a la Asamblea. El tratado Arias-Roosevelt de 1936, negociado por Ricardo J. Alfaro y Narciso Garay, sustituyó el derecho de intervención militar por un compromiso de consulta. En 1947, tras semanas de paros y con el estudiante Sebastián Tapia herido por la represión, la Asamblea rechazó por unanimidad el convenio Filós-Hines. La anualidad, mientras tanto, subió de 250,000 dólares en 1903 a 1,930,000 en 1955.
La presión ciudadana, no la diplomacia de cuartel, marcó los hitos siguientes. El 2 de mayo de 1958 universitarios plantaron banderas panameñas dentro de la Zona del Canal. En noviembre de 1959, una marcha encabezada por Aquilino Boyd y Ernesto Castillero Pimentel fue reprimida por la policía zoneíta con decenas de heridos. En junio de 1962 los presidentes Roberto F. Chiari y John F. Kennedy acordaron que las banderas de ambos países ondearían juntas en sitios públicos de la Zona, un pacto que se incumplió y que detonó los sucesos del 9 de enero de 1964: unos doscientos estudiantes del Instituto Nacional intentaron izar el pabellón nacional en la Escuela Superior de Balboa, la bandera se rasgó y los disturbios dejaron 21 panameños muertos en cuatro días. Chiari rompió relaciones con Washington y exigió negociar un tratado enteramente nuevo.
En 1967, los proyectos Robles-Johnson ofrecían entregar el Canal en 1999 a cambio de otorgar a Estados Unidos el derecho a construir un canal a nivel por el Darién que solo pasaría a manos panameñas en 2067. No fueron ratificados. La Asamblea, por unanimidad, respondió con una resolución que reiteraba la abrogación total del tratado de 1903. El país, a través de sus instituciones democráticas, rechazó una mejora condicionada.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de octubre de 1968: a once días de asumir la presidencia, Arnulfo Arias Madrid fue derrocado por la Guardia Nacional. Los militares disolvieron los partidos políticos, cerraron la Asamblea, clausuraron la Universidad de Panamá, censuraron la prensa y expulsaron a los opositores. El artículo 277 de la Constitución de 1972 consagró a Omar Torrijos como líder máximo de la Revolución, sellando la dictadura. La Comisión de la Verdad documentó 116 víctimas de ejecución extrajudicial o desaparición forzada hasta 1989.
Fue ese régimen, sin Asamblea legítima que pudiera ratificar nada, el que convocó un plebiscito el 23 de octubre de 1977 para que los panameños aprobaran o rechazaran los tratados firmados semanas antes con Jimmy Carter. La diplomacia de la dictadura llevó el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, reunido en Ciudad de Panamá en marzo de 1973, donde Estados Unidos vetó una resolución favorable a Panamá, y logró en febrero de 1974 la declaración Tack-Kissinger, que comprometía la abrogación del tratado de 1903.
El desenlace tampoco fue automático: el Senado estadounidense aprobó los tratados en marzo y abril de 1978 por 68 votos contra 32, uno solo más de los requeridos, e incorporó la reserva del senador Dennis DeConcini, que autoriza a Estados Unidos a reabrir el Canal con fuerza militar si lo considera necesario. Panamá protestó ante la ONU y logró una cláusula aclaratoria que niega derecho a intervenir en asuntos internos. Ambas reservas siguen vigentes en los instrumentos ratificados el 16 de junio de 1978.
Los veinte años posteriores, poco recordados, fueron los que consolidaron la operación panameña del Canal. El 1 de octubre de 1979 desapareció la Zona del Canal. Fernando Manfredo Jr., subadministrador panameño, dedicó una década a exigir la aplicación literal del tratado y a formar personal local, y sostuvo la operación como administrador encargado tras la invasión de diciembre de 1989. En septiembre de 1990 asumió Gilberto Guardia Fábrega.
La trastienda de este expediente importa hoy, cuando Panamá negocia inversiones millonarias como la de Río Indio bajo un marco jurídico que le da soberanía plena sobre su activo más valioso. El relato que reduce 74 años de trabajo institucional a una sola fecha y un solo hombre no solo es impreciso: minimiza el papel de partidos, prensa y elecciones libres, y el costo que pagó el país cuando esas instituciones fueron suspendidas por la fuerza.
Quien gobierna hoy el Canal —con estabilidad jurídica y capacidad de atraer capital privado para obras como el embalse del Río Indio— es heredero de esa acumulación democrática, no de un decreto de cuartel. Ese matiz, lejos de ser anecdótico, es el que debería guiar cómo Panamá protege la inversión y la propiedad en la próxima etapa de expansión de su vía interoceánica.
