Un grupo de personas diagnosticadas con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn se concentró este miércoles frente a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en Caracas, para pedir dotación regular de medicamentos e insumos requeridos para sus tratamientos.
La manifestación pacífica fue encabezada por el doctor Guillermo Veitia, jefe del servicio de Gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas y presidente del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Veitia fue recibido por representantes del despacho ministerial.
Durante el encuentro, la representación médica consignó un listado formal con los fármacos de mayor urgencia terapéutica. La prioridad, dijeron, es asegurar disponibilidad constante en la red pública de salud.
Veitia sostuvo que estas enfermedades «han ido aumentando en incidencia y prevalencia». También dijo que la pregunta es «¿por qué?», y lo atribuyó a «la calidad de vida que se lleva, por el estrés, por las angustias, por las preocupaciones». Luego pidió dar a los pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn «los medicamentos prioritarios». Agregó: «¿No queremos que nos den todos los medicamentos? Ojalá, hay países que los tienen. Ya les dimos una lista de esos medicamentos sumamente necesarios».
El especialista explicó que el sistema público de salud mantiene limitaciones estructurales para consolidar estadísticas sobre estas patologías gastrointestinales de alta complejidad. Eso dificulta determinar con exactitud el universo total de pacientes en el país.
Aun así, las entidades científicas avanzan en un registro nacional unificado que proyecta preliminarmente entre 3.000 y 4.000 ciudadanos afectados en Venezuela. Las mediciones preliminares de las organizaciones médicas indican además una mayor prevalencia de colitis ulcerosa frente a los casos diagnosticados de enfermedad de Crohn.
La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son patologías inflamatorias crónicas y progresivas. Comprometen de manera severa el tracto gastrointestinal, el colon y el recto.
Las organizaciones médicas insisten en que la falta de continuidad en la administración de fármacos especializados genera recaídas severas y un deterioro significativo en la calidad de vida de los pacientes.
La escena lo dice todo. A las puertas del Ministerio de Salud, el reclamo no fue solo por unas medicinas. Fue por previsibilidad, por tratamiento continuo y por un sistema capaz de responder sin obligar al paciente a vivir al día. Cuando faltan insumos esenciales, el costo no se mide en discursos: se mide en recaídas, en dolor y en una red pública que no termina de ordenar sus prioridades.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Los protagonistas no pidieron privilegios. Pidieron acceso regular a fármacos básicos para enfermedades crónicas. En ese pedido hay una idea simple y exigente: el Estado no debería convertirse en un obstáculo entre el paciente y su tratamiento. Cuando la burocracia falla, el que paga es el ciudadano.
