Una nueva baja se registró en el gobierno de José Antonio Kast. Esta vez fue el seremi de Energía de la Región de Coquimbo, Fabián Páez, quien asumió en marzo pasado y presentó su renuncia tras las observaciones de Contraloría sobre su experiencia profesional.
La Delegación Presidencial Regional de Coquimbo informó mediante un comunicado que la salida se produjo «tras conocer observaciones de la Contraloría respecto de la experiencia profesional». En paralelo, las redes sociales de la Seremi de Energía de Coquimbo habían destacado al momento de su nombramiento que Páez era «Ingeniero en Minas y titulado en Pedagogía en Educación Técnico Profesional».
Con esta salida, la cifra de seremis que han dejado su cargo en los seis meses de gobierno de Kast asciende a 38. El dato, por sí solo, describe una trastienda incómoda para una administración que prometió orden y capacidad de gestión: cada corrección en la nómina pública tiene costo político y también costo administrativo.
A contar de hoy, la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo detalló que asumirá en calidad de subrogante el secretario regional ministerial de Minería, Juan Carlos Salinas Marabolí. El movimiento resuelve la vacante de inmediato, pero deja abierta la pregunta de fondo sobre los controles internos con que el aparato estatal selecciona a sus autoridades regionales.
La escena lo dice todo. Cuando una designación cae por observaciones sobre experiencia profesional, no solo se mueve un nombre en la planilla: se exhibe la fragilidad de los filtros con los que opera el gobierno. Y en un gabinete regional, esa fragilidad no es menor; termina afectando la continuidad de la gestión, la confianza institucional y el uso eficiente del dinero de los contribuyentes.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El problema no es solo una renuncia, sino la señal que envía: si los requisitos no están claros o no se verifican con rigor desde el inicio, el desenlace es predecible. Más burocracia para corregir, más tiempo perdido y más ruido político para un gobierno que necesita mostrar orden, no improvisación.
Los detalles cuentan la historia. En la versión oficial, la salida se explica por observaciones de Contraloría; en los hechos, el episodio vuelve a poner el foco en el estándar de selección dentro del Estado. Un gobierno que apuesta a la disciplina administrativa no puede darse el lujo de acumular tropiezos en cargos que requieren conocimiento técnico y continuidad.
El costo no es abstracto. Cada baja de este tipo obliga a reacomodar equipos, a redistribuir funciones y a depender de subrogancias que, aunque legales, rara vez sustituyen la estabilidad de una autoridad que llega, se afirma y ejecuta. Esa es la parte menos visible del problema: el aparato estatal se vuelve más lento y más vulnerable cuando sus nombramientos nacen débiles.
También hay una lección de fondo para el propio oficialismo. Si el gobierno quiere proyectar autoridad, debe blindar mejor sus procesos de selección. No alcanza con anunciar orden; hay que demostrarlo en la práctica, especialmente en las regiones, donde la gestión cotidiana depende menos del discurso y más de la capacidad de nombrar bien.
El desenlace de esta baja, por ahora, es administrativo. Pero su lectura política es más amplia: cada error en la designación de una autoridad regional erosiona la promesa de eficiencia y le recuerda al poder que el Estado no puede funcionar con improvisación. En la lógica de libre mercado y gobierno limitado que esta casa observa con atención, menos tropiezos burocráticos significan también menos costo para todos y más certeza para quienes producen, invierten y trabajan.
