La escena lo dice todo. Mientras los mercados de energía monitoreaban cada comunicado, la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní emitió este jueves un mensaje que mezclaba advertencia y reclamo territorial en partes iguales: los bombardeos estadounidenses de los últimos dos días «afectan gravemente» la «reapertura gradual» del estrecho de Ormuz y retrasan un proceso que Teherán presentaba como un logro propio.
El comunicado del cuerpo de élite iraní describía avances concretos antes de que comenzara la nueva escalada. Según la Guardia Revolucionaria, durante las últimas dos semanas el tráfico en el estrecho se había restaurado hasta alcanzar cerca del 50 % del nivel registrado antes de la guerra, con un número creciente de buques autorizados a pasar «en línea con estrictas normas de seguridad» y con permiso expreso de su armada. Ese progreso, afirmó el cuerpo militar, está ahora en riesgo.
«La temeridad del Ejército terrorista estadounidense y su injerencia en la designación de la ruta de tráfico no solo provocarán una respuesta aplastante por nuestra parte, sino que también afectará gravemente el proceso de apertura gradual y pondrá en grave peligro los intereses de los países que se benefician del estrecho de Ormuz», señaló el comunicado, recogido por la cadena pública iraní IRIB.
La trastienda de la crisis se remonta a días anteriores. Omán abrió una segunda ruta de navegación con apoyo estadounidense, y Washington acusa a Irán de haber atacado buques mercantes que transitaban por ella. Esa es la justificación formal que esgrime la administración Trump para los bombardeos lanzados entre el martes y el jueves: imponer, según sus propias palabras, «costos significativos» a Teherán por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego, y garantizar la libre navegación por el paso marítimo clave para el mercado global de energías fósiles.
Los ataques estadounidenses han causado al menos 14 muertos y cerca de 80 heridos en dos días, según las fuentes consultadas. Irán respondió con misiles y drones contra intereses estadounidenses en la región: las bases de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait, y las de Juffair y Sheikh Isa en Baréin, de acuerdo con lo anunciado por la propia Guardia Revolucionaria.
El presidente Donald Trump dio por terminada la tregua con Irán. Su administración justificó que los nuevos ataques buscan degradar la capacidad militar de Teherán. Irán, por su parte, denunció que la ofensiva constituye una «violación clara» del acuerdo de alto el fuego permanente pactado el 17 de junio, según recogió la agencia EFE. Una de las fuentes consultadas por Hemisferio introduce además referencias a un memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y a un alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también sería parte Israel, en el contexto de acusaciones cruzadas sobre violaciones de sus términos; las fechas y los participantes de los distintos acuerdos no quedan completamente clarificados en los documentos disponibles.
El nudo central del conflicto es de naturaleza soberana: Teherán exige que el paso por Ormuz sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo. Washington y otros países de la región no parecen dispuestos a aceptar ese control unilateral. «Los extranjeros no tienen cabida en esta tierra ni en el estrecho de Ormuz», reiteró la Guardia Revolucionaria, subrayando una postura que convierte el paso marítimo en moneda de negociación política y militar.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El estrecho de Ormuz no es solo una ruta; es el cuello de botella por el que transita una fracción crítica del petróleo mundial. Que el tráfico apenas haya recuperado la mitad de su nivel habitual antes de la guerra, y que esa recuperación parcial esté ahora amenazada por una nueva escalada, es el verdadero costo que pagan los mercados y los consumidores globales por la incapacidad de Teherán de renunciar al control de una vía internacional.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el principio en juego es nítido: la libre navegación no es un privilegio que ningún Estado pueda otorgar o retirar a su conveniencia. Que la Guardia Revolucionaria condicione el paso de buques comerciales a su propio permiso no es gestión de seguridad; es una forma de extorsión geopolítica que pone en riesgo el abastecimiento energético de decenas de países. La firmeza de Washington, con sus costos evidentes en vidas y en tensión regional, responde a ese principio. El desenlace dependerá de si esa firmeza se sostiene o cede ante la presión de una escalada que ninguna de las partes parece dispuesta a detener.
