La escena lo dice todo: en el Palacio de Gobierno, con los titulares de cada cartera sentados alrededor de la mesa, la presidenta Keiko Fujimori encabezó este viernes una nueva sesión ordinaria del Consejo de Ministros para aprobar el proyecto de decreto supremo que oficializa la Política General de Gobierno 2026-2031. El documento, según el propio Ejecutivo, busca «ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados».
La reunión, presidida también por el jefe del Gabinete, Luis Galarreta, se inscribe en el ciclo de sesiones que el Gobierno sostiene desde su instalación, el 29 de julio pasado. Desde entonces, cada encuentro ha servido para definir prioridades y coordinar medidas entre sectores. Esta vez, la política aprobada funciona como el marco obligatorio al que deberán ajustarse los planes específicos de cada ministerio, en momentos en que el país enfrenta simultáneamente inseguridad ciudadana, la necesidad de reactivar la economía y emergencias climáticas.
Los detalles cuentan la historia del resto de la agenda. La Presidencia del Consejo de Ministros presentó el informe semestral sobre el cumplimiento del Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025-2027, correspondiente al primer semestre de 2026, con el estado de las acciones de prevención frente a los fenómenos climáticos que golpean distintas regiones. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por su parte, expuso el estado situacional de ese sector, con el objetivo de identificar brechas de atención y proponer líneas de acción para los próximos meses.
Pero el punto que conecta directamente con el eje declarado como prioritario de la gestión es otro: el chatarreo de vehículos policiales. El Consejo evaluó el proyecto de ley que habilita este proceso para dar de baja del parque automotor de la Policía Nacional a las unidades que ya no cumplen condiciones operativas. La medida, en apariencia administrativa, se enmarca en un paquete más amplio con el que el Ejecutivo dice querer fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la Policía frente a las organizaciones criminales que operan en el país.
La trastienda de esa prioridad se juega, sin embargo, fuera del Palacio de Gobierno. El Ejecutivo mantiene ante el Congreso de la República un pedido de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo y desarrollo productivo. Ese pedido ya había sido analizado en una sesión previa del gabinete, el 27 de agosto, en la que también se revisó el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para 2027.
Fujimori ha reclamado públicamente celeridad al Legislativo para obtener esas facultades. «Necesitamos estas facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles, como grupos terroristas», declaró en una reciente rueda de prensa, en la que además pidió fortalecer el servicio de inteligencia del Estado y lograr mayor coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad interna.
Para entender el presente hay que volver a esa secuencia de sesiones que arrancó en julio: un gabinete que ha usado el Consejo de Ministros no como formalidad protocolar, sino como mesa de trabajo semana a semana, y una presidenta que ha decidido que la política de gobierno que defina su mandato hasta 2031 gire, ante todo, en torno a la seguridad y el crecimiento económico. La aprobación del documento marco no es un trámite menor: es la señal de que el Ejecutivo quiere fijar reglas de juego estables para los próximos años, en lugar de improvisar sobre cada coyuntura.
El desenlace de este capítulo dependerá, en buena medida, de una instancia que no está en el Palacio de Gobierno sino en el Congreso. Sin las facultades legislativas que Fujimori reclama, la calificación de las organizaciones criminales como grupos hostiles —una figura con consecuencias operativas directas para las fuerzas del orden— seguirá empantanada en el trámite parlamentario. La chatarreo policial, el presupuesto 2027 y la política de largo plazo forman, en conjunto, la apuesta de un gobierno que busca mostrar gestión y resultados en momentos en que la inseguridad sigue siendo la principal exigencia ciudadana.
En un país donde la desconfianza hacia el aparato estatal ha sido moneda corriente, ordenar el Estado y renovar el parque vehicular policial son gestos que se leen menos como burocracia y más como intento de recuperar capacidad operativa real. La prueba, sin embargo, no estará en el decreto supremo firmado en Palacio, sino en si el Congreso responde con la celeridad que la presidenta exige y en si esas facultades, una vez otorgadas, se traducen en menos crimen organizado en las calles.
