La escena lo dice todo. El 24 de julio, en el auditorio de la Universidad EIA de Medellín, Miguel Gómez Martínez tomó el micrófono ante ejecutivos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y trazó, con pocas palabras, la hoja de ruta económica del gobierno entrante de Abelardo De la Espriella: primero el ajuste, después la reforma.
«Primero vamos con el plan de ajuste, esa es la prioridad. Yo creería que en el mes de septiembre presentaremos la reforma», afirmó el ministro de Hacienda designado en declaraciones entregadas a Caracol Radio. La frase condensa una decisión estratégica que distingue a la administración entrante de la lógica que ha predominado en Colombia en los últimos años: no pedir más al contribuyente antes de haber ordenado la propia casa.
La secuencia importa
El plan de ajuste fiscal que describe Gómez Martínez no requerirá trámite legislativo. Son medidas administrativas que el Ministerio de Hacienda puede adoptar por su propia cuenta, sin necesidad de mayorías en el Congreso ni de meses de debate parlamentario. Solo una vez que esas medidas hayan comenzado a corregir el rumbo de las finanzas públicas, el gobierno llevará al Legislativo su propuesta tributaria.
«Tenemos que hacer una austeridad muy fuerte que además va a durar varios años», advirtió el ministro designado. No es un eslogan: es un diagnóstico sobre la gravedad del punto de partida. Colombia llega al cambio de gobierno con niveles elevados de déficit fiscal y endeudamiento, y Gómez Martínez fue explícito sobre los riesgos de mantener esa trayectoria.
El evento en Medellín también sirvió para presentar un financiamiento de 9.000 millones de dólares de la CAF al gobierno electo, lo que sugiere que la apuesta por la disciplina fiscal no viene sola: va acompañada de respaldo institucional de organismos multilaterales que ven con buenos ojos la señal de orden que emite el equipo económico entrante.
La reforma que el nuevo gobierno quiere archivar
El telón de fondo es una reforma tributaria que el gobierno saliente presentó junto con la bancada del Pacto Histórico y que aún transita por el Congreso. Gómez Martínez no fue diplomático al evaluarla.
«Me parece que es muy injusto con los colombianos ponerlos a pagar la parranda de este gobierno y que a mí me recuerda un poco a esos borrachos que cuando llega el momento de pagar se van y desaparecen», dijo el ministro designado, y añadió: «Yo espero que el Congreso la archive».
La metáfora es deliberadamente descarnada. El equipo económico de De la Espriella no solo rechaza la iniciativa tributaria del gobierno saliente en términos técnicos; la califica de injusta en términos morales: cargar al ciudadano con el costo de decisiones de gasto que él no tomó.
Los protagonistas y la trastienda
La elección del escenario —la alianza estratégica con la CAF, en una universidad de Medellín— no es casual. El gobierno entrante quiere anclar su credibilidad económica en organismos internacionales y en el sector privado antes de pisar el Congreso. La reforma de septiembre llegará, si el calendario se cumple, con el respaldo de un ajuste ya en marcha y con señales de confianza desde los mercados.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Mientras el Pacto Histórico intentaba aprobar su reforma tributaria de salida, el equipo de De la Espriella construía en paralelo su propio relato económico: austeridad primero, impuestos después, y solo los impuestos que el país pueda sostener sin espantar la inversión.
Lo que está en juego
La apuesta del gobierno entrante es políticamente arriesgada pero económicamente coherente: la austeridad administrativa no produce titulares amables, y «varios años» de disciplina fiscal es un horizonte que pocos políticos se atreven a vender. Pero la alternativa —subir impuestos sin haber tocado el gasto— es la receta que, según Gómez Martínez, ya fracasó.
Para Hemisferio, el principio en juego es claro: la libre empresa y la inversión privada no florecen en entornos de déficit crónico y presión tributaria creciente. Un gobierno que ordena primero su propio balance antes de exigirle más al ciudadano no solo practica sentido común fiscal; sienta las bases para que el crecimiento, y no la recaudación forzada, sea el motor de las cuentas públicas. El Congreso colombiano tiene ahora la palabra sobre la reforma del gobierno saliente. Lo que haga con ella dirá mucho sobre si Colombia está lista para ese giro.
