La escena lo dice todo. Desde su oficina en México, Mauricio Monge, economista senior de Oxford Economics especializado en América Latina, resume en una frase la mirada que tienen los inversores internacionales sobre Argentina: «optimismo, pero con reservas».
Monge habló con LA NACION y el diagnóstico que ofrece es de doble filo. Por un lado, reconoce que el gobierno de Javier Milei llegó e hizo «muchos de los cambios necesarios»: quitó los controles de capitales, corrigió los precios relativos y desarmó los controles de cambios que se habían acumulado durante la gestión anterior. Para los inversores externos, eso cuenta. «Es un proyecto para una Argentina diferente hacia adelante», dice.
Pero la trastienda es más complicada.
El problema del sector doméstico
Donde el programa muestra sus costuras es en la economía de adentro: construcción, manufactura y comercio. Esos tres sectores, según Monge, «son los que más generan crecimiento en el empleo» y han estado «prácticamente estancados» este trimestre. El dato no es menor: sin empleo, los salarios reales no crecen; sin salarios reales, el consumo privado no despega.
Las proyecciones de Oxford Economics para el consumo privado son reveladoras: 1,6% de crecimiento para este año y apenas 0,4% para el siguiente. «¿De dónde puede crecer el consumo?», se pregunta el propio Monge. La respuesta implícita es que no hay fuente clara mientras las tasas de interés reales sigan siendo altas y el empleo en los sectores domésticos no se reactive.
Ese escenario también llevó a la consultora a revisar a la baja su proyección de crecimiento para 2025: de 2,8% a 2,3%. Para 2026 la levantaron, de 2,5% a 3%, pero el motor esperado no es el consumo interno sino una reducción en las retenciones a las exportaciones, principalmente de soja, que impulsaría al sector agropecuario.
Morosidad: riesgo acotado, pero real
Otro frente que Oxford Economics monitorea es la morosidad bancaria. El Banco Central la estima en torno al 4%, y Monge reconoce que el crédito del sector privado representa una porción pequeña del PBI comparado con Brasil, México o Colombia. Por eso el costo macroeconómico de un deterioro mayor sería, según sus estimaciones, de apenas 0,4% del PBI, «muy bajo cuando lo comparas con otros países que han tenido crisis financieras similares».
Sin embargo, el riesgo no desaparece. La refinanciación de deuda puede mejorar la clasificación contable de un deudor, pero no su situación real: «Siguen teniendo tasas de interés altas y salarios bajos», advierte Monge. El alivio es cosmético si las condiciones de fondo no cambian.
El riesgo político
Los detalles cuentan la historia. Monge señala que la desaprobación de Milei está en su nivel más alto desde que asumió, y que eso coincide con una inflación que «no ha bajado tanto como el Gobierno quisiera», salarios reales por debajo de años anteriores y bajo dinamismo en la generación de empleo. «Eso crea cierto resentimiento y cierta duda sobre el proyecto económico», dice, y agrega que si la dinámica continúa, «tal vez podamos ver un giro en la presidencia».
El propio analista reconoce que en las elecciones de medio término su consultora erró: esperaban un mejor desempeño de la oposición y no ocurrió. Pero el riesgo político, insiste, sigue sobre la mesa.
En cuanto al tipo de cambio, Monge proyecta presiones cambiarias para lo que resta de 2026 y la segunda mitad de 2027, aunque no detalla el mecanismo preciso en la entrevista.
La lectura de Hemisferio
El cuadro que pinta Oxford Economics confirma algo que los defensores del libre mercado saben bien: las reformas estructurales tienen costos de transición reales, y esos costos los paga primero la economía doméstica. El ajuste de precios relativos, el desarme del cepo y la corrección fiscal son condiciones necesarias, no suficientes. La pregunta que los inversores se hacen —y que Monge articula con precisión— es si el andamiaje político aguantará el tiempo que tarda el sector privado en reactivarse sin subsidios ni protecciones artificiales.
La respuesta honesta es que nadie lo sabe. Pero el hecho de que inversores externos sigan mirando a Argentina «con cierto optimismo», aunque sin «irse de cabeza», sugiere que el crédito político del programa no está agotado. Está condicionado. Y esa diferencia, en un país con el historial de Argentina, no es menor.
