El número lo dijo el propio ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, sin rodeos: más de 11.000 viviendas destruidas, 162 edificios totalmente destruidos y colapsados, y más de 44.900 viviendas averiadas en cinco departamentos. El Servicio Geológico Colombiano había registrado el sismo con una magnitud de 7,4 y una profundidad de 96 kilómetros, convirtiéndolo en el más fuerte desde 1979. Los detalles cuentan la historia.
En entrevista con La FM de RCN Radio, Jaime Andrés Beltrán describió un plan de reconstrucción dividido en tres etapas. La primera, la más urgente, apunta a resolver la inmediatez: alivios en servicios públicos mediante un decreto presidencial y subsidios de arriendo canalizados a través de alcaldías y gobernaciones durante un período de cuatro a seis meses, según la caracterización que realice la Unidad de Gestión del Riesgo. La segunda etapa, proyectada a cuatro meses, contempla subsidios de mejoramiento de vivienda y de vivienda nueva. La tercera, aún sin plazos definidos en las fuentes, depende de la sumatoria de recursos que el gobierno logre reunir.
El problema central es financiero, y el propio ministro no lo ocultó: «El Ministerio de Vivienda para inversión solo tiene disponibles casi 40.000 millones, que es insuficiente para el reto tan grande que tenemos». Ante ese vacío, el gobierno convocó a empresarios y anunció tres compromisos del sector privado: maquinaria amarilla para retirar escombros, un banco de materiales para los entes territoriales y un fondo nacional para financiar los subsidios de mejoramiento y vivienda nueva. Jaime Andrés Beltrán también mencionó convenios con entidades internacionales como fuente adicional de recursos.
La distribución de responsabilidades recae, en esta primera etapa, sobre alcaldías y gobernaciones. Son ellas quienes elaboran los censos, habilitan las plataformas de solicitud y reciben los recursos para transferirlos a las familias. El ministro justificó este esquema señalando que los entes territoriales «conocen y entienden» el territorio, y advirtió que «detrás de todo esto hay muchas personas avivatas que utilizan la tragedia para buscar beneficios propios». La Unidad de Gestión del Riesgo, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, realiza un barrido por todas las entidades del Estado en busca de partidas reutilizables. Valle del Cauca y el Eje Cafetero figuran entre las regiones donde los entes territoriales tienen la responsabilidad de aportar recursos dentro del proceso de reconstrucción.
Jaime Andrés Beltrán cifró en 80% la proporción de ayudas llegadas a los territorios que proviene, según sus palabras, «de la buena voluntad de los colombianos». La primera dama, indicó, ha liderado una campaña de recolección de alimentos, frazadas y otros insumos.
La escena lo dice todo. Un ministerio con 40.000 millones disponibles frente a decenas de miles de familias sin techo no es un problema de voluntad política: es un problema de capacidad fiscal. Que el 80% de la ayuda inmediata haya salido de la sociedad civil y del sector privado antes de que el aparato estatal terminara de estructurar su plan revela, con más elocuencia que cualquier discurso, dónde reside la verdadera capacidad de respuesta de un país. El gobierno de Petro llega a esta emergencia con las arcas tensas y con un historial de fricciones con el empresariado; que ahora los convoque como socios indispensables es, cuanto menos, una admisión implícita de los límites del Estado como motor único de reconstrucción. La libre empresa no es el complemento del plan: es, por ahora, su columna vertebral.
