Los detalles cuentan la historia.
El 8 de julio, en el tramo carretero Jitotol-Bochil, en los límites del municipio de El Bosque, zona norte de Chiapas, aparecieron ocho cuerpos. Siete hombres y una mujer. Todos habían recibido un disparo en la cabeza —hemorragia aguda secundaria por disparo de arma de fuego en la cavidad craneana, precisó la Fiscalía—, y varios presentaban huellas de tortura. Algunos portaban equipo táctico. Los investigadores concluyeron desde el principio que las ejecuciones ocurrieron en otro lugar y que el paraje carretero sirvió únicamente para abandonar los cadáveres.
La última víctima en ser identificada fue Diana Polet Obando Aguilar, estudiante de 17 años originaria de Chiapa de Corzo. Sus restos fueron entregados a la familia para recibir cristiana sepultura, según informó el fiscal Jorge Luis Llaven Ábarca el 20 de julio.
Las otras siete víctimas provenían de distintos municipios del estado: dos de La Concordia, dos de San Fernando, una de Villacorzo, una de Ocozocuautla y una de Pantepec.
Once detenidos, dos fronteras cruzadas
El 14 de julio, nueve presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa fueron capturados en una primera ronda de operativos. Los investigadores los ubicaron mediante análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas. En esos operativos se aseguraron 29 armas de fuego —entre ellas rifles tipo AK-47 y R-15—, tres vehículos, equipo táctico, drones, radios de comunicación y narcóticos.
La semana siguiente, nuevos operativos en Ocozocuautla derivaron en cinco detenciones adicionales. De ese grupo, dos presuntamente participaron de forma directa en el multihomicidio: Leonardo, alias «El Cochiloco», originario de San Pedro Zapanatepec, Oaxaca, y Javier Arnoldo, alias «El Pollo», originario de Alta Verapaz, Guatemala. Ambos fueron detenidos en posesión de armas de fuego y a bordo de un vehículo con reporte de robo. El total de arrestados asciende ahora a 11.
La línea de investigación apunta a una disputa por el control de la venta de droga al menudeo en la región norte del estado. La Fiscalía solicitará penas de hasta 140 años de prisión para los implicados en el caso de El Bosque, y mantiene abiertas las investigaciones para determinar si hubo más participantes.
Tapachula, el mismo patrón
El multihomicidio de El Bosque no fue el único caso que el fiscal Llaven Ábarca reportó el 20 de julio con detenidos. En Tapachula, dos homicidios vinculados al narcomenudeo también registraron arrestos.
El primero ocurrió el 25 de mayo: Jonathan Hernández Morgan, de 22 años, murió por disparos de arma de fuego y Pablo Ovalles Díaz, de 52 años, quedó lesionado. Los dos detenidos comparten nombre —ambos se llaman Julio César— y la Fiscalía solicitará la pena máxima de 50 años para cada uno.
El segundo caso se registró el 23 de junio en el mercadito del bulevar Aquichino: Norberta Fernández Méndez, de 58 años, fue ejecutada a balazos. Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar al autor material, Santiago David, quien ya se encuentra detenido.
En los tres casos, la Fiscalía identificó como móvil la disputa por el control de la venta de drogas al menudeo.
La trastienda que el Estado mexicano prefiere no enfocar
Ocho ejecuciones en una carretera del norte de Chiapas, 29 armas largas confiscadas, detenidos con pasaporte guatemalteco: la escena lo dice todo sobre el estado real de la soberanía territorial en el sureste mexicano. El Cártel de Sinaloa no opera en Chiapas como una anomalía marginal sino como una estructura con células activas, logística transfronteriza y capacidad para disputar mercados municipio a municipio.
La respuesta de la Fiscalía estatal —once arrestos, solicitudes de penas elevadas, rueda de prensa con resultados— es, en términos operativos, una buena noticia. Pero el aparato estatal federal lleva meses minimizando la penetración del crimen organizado en Chiapas mientras las cifras de homicidios vinculados al narcomenudeo se acumulan en la propia agenda de la fiscalía local. Una estudiante de 17 años identificada como la última víctima de un ajuste de cuentas entre cárteles no es un dato menor: es el costo que pagan los ciudadanos de a pie cuando el Estado cede terreno a quienes sí tienen reglas claras de control territorial, aunque sean las del crimen.
