La nota llegó el viernes por la mañana. Decía, «con gran pesar», que el jurado no podía ponerse de acuerdo. Era la tercera vez que lo admitían.
El juez William Sullivan la leyó en la sala de Plymouth y anunció lo que ya parecía inevitable: planeaba declarar la nulidad del juicio contra Lindsay Clancy, la exenfermera de Massachusetts acusada de estrangular a sus tres hijos en enero de 2023.
La escena lo dice todo. Siete días de deliberación. Cerca de 36 horas de debate efectivo entre doce personas que no lograron coincidir.
La primera advertencia llegó el martes, al cuarto día. Sullivan pidió que siguieran analizando el caso. Al día siguiente, los jurados volvieron a decir que no podían acordar nada. El juez respondió con las instrucciones Tuey-Rodriguez, un mecanismo legal que insta a hacer un último esfuerzo y recuerda que llegar a un veredicto es «deseable».
Bajo la ley de Massachusetts, un juez solo puede ordenar que las deliberaciones continúen dos veces sin el consentimiento del jurado. Si el bloqueo persiste después de eso, puede declarar la nulidad. Eso fue lo que hizo Sullivan.
El jueves ya había tensión en la sala. Una nota del presidente del jurado reveló que uno de los miembros tenía dudas sobre el caso, pero se negaba a seguir la ley. Horas después, Sullivan rechazó el pedido de la defensa de recusar a ese jurado disidente.
El abogado de Clancy, Kevin Reddington, dijo el viernes que esa nota confirmaba la división real del panel: once votos a uno, con la mayoría inclinada a declarar a su clienta no culpable, según reportó The New York Times.
Clancy se declaró no culpable de tres cargos de asesinato en primer grado. Las víctimas eran sus propios hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.
Durante casi seis semanas de juicio, la defensa sostuvo una tesis central. Clancy no era penalmente responsable porque padecía psicosis posparto, una condición psiquiátrica grave y poco frecuente que puede alterar la percepción de la realidad en mujeres recién paridas.
Reddington fue más allá en sus alegatos finales. Dijo que Clancy buscó ayuda médica varias veces, que incluso llamó a una línea de crisis por suicidio, y que nunca recibió un diagnóstico adecuado. En su lugar, le recetaron una sucesión de medicamentos distintos en pocos meses. «La culpa es de los malditos medicamentos y de la pésima atención médica que recibió», afirmó, según reconstruyó NBC News.
La fiscalía no compró esa versión. La fiscal Jennifer Sprague, del condado de Plymouth, admitió que Clancy atravesaba problemas de salud mental y depresión. Pero insistió en que eso no significaba que estuviera en estado de psicosis al momento de los hechos.
Según la acusación, Clancy actuó con premeditación. Envió a su entonces esposo, Patrick Clancy, a buscar comida y pasar por una farmacia. Antes de eso, verificó cuánto tiempo le tomaría el recorrido, para ganar margen de tiempo.
Los detalles cuentan la historia. Esa misma noche, Patrick volvió a casa y encontró sangre por todas partes. Clancy estaba tirada en el suelo, afuera de la vivienda, tras haberse arrojado desde la ventana del segundo piso. Los tres niños yacían inconscientes en el sótano, con bandas elásticas alrededor del cuello.
Sullivan dio a la defensa una hora para pedir a un tribunal superior que suspendiera su decisión de nulidad. Para entender el presente hay que volver a esa semana: la del jurado dividido, la de las tres notas de estancamiento, la del voto que no llegó a ser unánime.
El caso expone, otra vez, una falla que trasciende el expediente judicial. Si la versión de la defensa es cierta, una mujer pidió ayuda psiquiátrica de forma reiterada y el sistema de salud, con sus protocolos y sus recetas sucesivas, no logró diagnosticarla a tiempo. Eso no absuelve ni condena a nadie, pero sí interpela a un aparato sanitario que falla precisamente cuando más se le necesita.
El otro dato que queda es procesal, y no menor. La ley de Massachusetts exige unanimidad y protege al disidente incluso frente a once votos en contra. Ese diseño, pensado para proteger al acusado de condenas apresuradas, produjo aquí el resultado opuesto a lo que once jurados parecían inclinados a resolver. La garantía procesal, cuando funciona como debe, no siempre da un veredicto rápido. A veces solo da tiempo. El desenlace, ahora, queda en manos de un nuevo juicio o de un tribunal superior.
