Ocho familias han denunciado la muerte de sus bebés tras su paso por instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco, entre marzo y septiembre de 2026. Sus relatos coinciden en un punto central: los recién nacidos habrían contraído Klebsiella pneumoniae, Candida albicans o ambas durante su hospitalización en el Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente.
La escena lo dice todo. Mientras los padres organizaban sus denuncias, el IMSS admitía que durante 2026 se detectaron y notificaron brotes de infecciones hospitalarias en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del mismo hospital. La institución también anunció una auditoría clínica colegiada independiente para revisar los casos.
El organismo reconoció además que, en seis de los bebés fallecidos, una de esas infecciones aparece entre las causas de muerte. Pero aclaró que cada expediente deberá revisarse para establecer si el microorganismo provocó o contribuyó directamente al fallecimiento.
Los testimonios de las familias describen una trastienda de cuidados donde, según sus dichos, faltaron las medidas básicas. Yuliana Guadalupe Vega Hernández, de 37 años, contó que su hija Dayana nació en Guadalajara y permaneció hospitalizada varias semanas. Según su relato, a los siete días de vida la bebé contrajo una infección que no pudo ser controlada y murió el 4 de julio después de sufrir dos paros cardíacos.
Vega Hernández aseguró que observó prácticas que, a su juicio, pudieron favorecer la propagación de microorganismos. Dijo: «Las enfermeras no usaban cubrebocas, manipulaban teléfonos celulares sin lavarse las manos, tosían cerca de los niños y trasladaban a los bebés de un lado a otro sin cuidado».
La madre también señaló que la muerte de Dayana le dejó gastos cercanos a los 60.000 pesos mexicanos entre traslados y servicios funerarios. Además, afirmó que las secuelas físicas derivadas de su proceso médico le impiden volver a ser madre.
Miriam Guadalupe Lamas, de 32 años, relató otro caso que hoy forma parte de la misma denuncia colectiva. Su hijo Martín Emiliano murió el 14 de septiembre, mientras su hermano gemelo continúa hospitalizado debido a una infección por Candida albicans. «Toda la sala de terapia intensiva era de niños infectados con la bacteria», aseguró Lamas, y agregó: «Ya nada nos los va a regresar. Lo que queremos es justicia».
Lorena de Jesús Ramírez, una de las primeras madres en impulsar la denuncia, dijo que los médicos «entran y salen sin bata ni protección», mientras que en enfermería «tampoco había uso constante de guantes, batas ni cubrebocas. Hubo muy malas prácticas y falta de higiene».
Las familias también cuestionaron la continuidad de la información médica. Vega explicó que recibían datos sobre el estado de sus hijos, pero que la rotación mensual de médicos hacía cambiar las explicaciones. «Cada que llegaba otro, te decía una cosa completamente distinta», dijo. Lamas afirmó, por su parte, que inicialmente un médico le hizo sentir responsable por la infección de sus gemelos, hasta que otro profesional le explicó que se trataba de una situación relacionada con bacterias presentes en el área de terapia intensiva.
Las denuncias corresponden a bebés que fallecieron entre el 29 de marzo y el 28 de septiembre de 2026. Entre los casos mencionados están Elías Miguel Escalante García, Dayana, Camila Sofía Bautista Flores, Hannah Valentina Reséndiz Barajas, Matías Bautista Saldaña, Martín Emiliano, Marcos Jassiel Baltasar Reynoso y Ailany Guadalupe Ochoa González.
Las familias realizaron una manifestación en Guadalajara para reclamar respuestas. María Fernanda Reynoso Salazar, madre de Marcos Jassiel, llevó una pancarta con el mensaje «Mi bebé no debió morir», mientras otro cartel frente al hospital decía «No más bebés muertos».
La Fiscalía General de la República investiga los casos reportados por las familias. En paralelo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una Auditoría Clínica Colegiada Independiente para revisar lo ocurrido.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en la que las familias comenzaron a encontrarse, comparar síntomas y poner nombre a lo que sospechaban. Cuando un hospital público falla en su tarea más elemental —proteger la vida de los recién nacidos— el problema deja de ser clínico y se vuelve institucional.
Aquí no solo está en juego la verdad sobre cada expediente. También está en juego la credibilidad de un aparato estatal que administra salud con dinero de los contribuyentes y que, por los testimonios recogidos, habría permitido condiciones incompatibles con la higiene mínima. Si la auditoría confirma negligencia, el costo no será solo humano: será también de confianza pública, responsabilidad y rendición de cuentas.
