La escena lo dice todo. Más de la mitad de los trabajadores de América Latina y el Caribe opera fuera del sistema formal, sin seguridad social, sin contrato verificable, sin red. Y el reloj corre despacio: según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la informalidad apenas se redujo ocho puntos porcentuales en los últimos 20 años. Si la región mantiene ese ritmo, tardará más de 80 años en alcanzar los niveles de Uruguay, uno de los países con menor informalidad laboral del continente.
El dato central del informe es contundente: solo el 46% de los trabajadores latinoamericanos cuenta con un empleo formal con cobertura de seguridad social. El resto —más de la mitad de la fuerza laboral— trabaja en la economía informal, expuesta a la volatilidad, sin protección en la vejez y sin acceso pleno al crédito o a la capacitación institucional.
La productividad cuenta la misma historia desde otro ángulo. Según el BID, la productividad laboral de América Latina representa apenas el 26% de la registrada en Estados Unidos. Entre 1995 y 2024, los ingresos reales de los trabajadores de la región crecieron únicamente 18%, frente al 31% registrado en los países miembros de la OCDE durante el mismo período. David Kaplan, especialista líder de la investigación, señala que, aunque existen avances frente a décadas anteriores, estos han sido demasiado lentos y prácticamente se estancaron durante los últimos diez años.
El déficit de habilidades agrava el cuadro. Más del 40% de los trabajadores latinoamericanos y caribeños no posee las competencias básicas de alfabetización y aritmética necesarias para desempeñar adecuadamente los cargos que ocupa. Esa brecha no es solo un problema de equidad: es un freno directo a la productividad y a la capacidad de adaptación tecnológica.
Y la tecnología no espera. El BID proyecta que la exposición potencial de los empleos a la inteligencia artificial pasará del 5% al 35% durante los próximos diez años. Millones de trabajadores deberán actualizar sus conocimientos en un plazo corto. Hacerlo desde la informalidad, sin acceso a sistemas de capacitación formales ni a redes de protección, será exponencialmente más difícil.
El organismo identifica una causa estructural que los gobiernos de la región han preferido ignorar: los costos asociados a la contratación formal representan, en promedio, el 51% del salario. Ese número es, en la práctica, un impuesto al empleo legal. Cuando contratar dentro de la ley cuesta el doble que el salario pactado, el empresario —especialmente el pequeño— calcula y decide. El resultado es la informalidad masiva que el propio Estado lamenta.
Las recomendaciones del BID apuntan en una dirección que la línea del libre mercado reconocería sin dificultad: desvincular parte de la protección social de la condición laboral para que servicios como la atención en salud o la protección frente a la pobreza en la vejez puedan financiarse mediante impuestos generales y no exclusivamente con aportes sobre la nómina. También plantea modernizar la regulación del mercado de trabajo para adaptarla a nuevas modalidades de empleo y fortalecer la capacitación laboral.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que cada gobierno de la región eligió ampliar la burocracia laboral en lugar de reducir sus fricciones. Los detalles cuentan la historia: cuando el costo de la formalidad supera el 50% del salario, el mercado responde con informalidad masiva. No es una falla del mercado; es la consecuencia predecible de una regulación diseñada sin considerar los incentivos reales de empleadores y trabajadores.
Lo que está en juego es el principio más básico del crecimiento sostenido: que trabajar dentro del sistema sea más conveniente que trabajar fuera de él. Mientras los aparatos estatales de la región continúen gravando el empleo formal como si fuera un lujo, la informalidad seguirá siendo la respuesta racional de millones. El BID lo dice con números; los gobiernos de la región llevan décadas ignorando la aritmética.
