El ministro de Justicia, Fernando Rabat, participó este lunes en la ceremonia por la publicación de la ley que crea un nuevo Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago y fortalece los juzgados de Antofagasta, Concepción y Punta Arenas.
Rabat dijo que se trata de «un paso importante en lo que es el fortalecimiento de la judicatura laboral». También sostuvo que «el acceso a la justicia supone que las personas puedan en forma oportuna y eficaz efectuar sus requerimientos a los tribunales de justicia y obtener, como digo, una respuesta oportuna».
La escena lo dice todo. Para el Gobierno, la reforma entra en la categoría de avance institucional: más capacidad, más respuesta y, en teoría, menos espera para los conflictos que llegan a los tribunales del trabajo.
Pero la propia Corte Suprema puso la cifra sobre la mesa. Gloria Ana Chevesich destacó que la promulgación «marca un avance largamente esperado para la justicia laboral» y advirtió sobre una presión creciente sobre la capacidad de respuesta del Poder Judicial, producto no solo del aumento de causas, sino también de la mayor complejidad de los conflictos y las nuevas exigencias.
Chevesich planteó que se necesita «avanzar hacia una mirada global basada en evidencia» para determinar dotaciones, infraestructura y requerimientos tecnológicos y de gestión. Además, afirmó que la Ley 21.839 «fortalece la dotación de determinados tribunales laborales del país» y que en Santiago crea el tercer juzgado laboral, con una dotación que llegará a 19 miembros de la magistratura además del personal necesario para su funcionamiento.
La implementación será progresiva y, según explicó, para el 15 de marzo de 2027 las nuevas causas podrán distribuirse entre tres tribunales. La presidenta de la Corte Suprema sostuvo que eso permitirá aliviar el ingreso corriente de los dos juzgados actualmente existentes y abrir espacio para abordar el inventario de causas pendientes y reducir de manera progresiva los tiempos de tramitación.
Hay, sin embargo, un dato que ordena el desenlace: Chevesich señaló que los estudios del Poder Judicial estiman que para alcanzar un adecuado equilibrio de las cargas de trabajo en Santiago sería necesario contar con 80 miembros de la judicatura distribuidos en cuatro juzgados de 20 cada uno. Con la creación de este tribunal, se alcanzará aproximadamente un 71% de esa necesidad.
Eso significa que el refuerzo existe, pero no resuelve por completo el problema de fondo. En términos de gestión pública, el Estado avanza, aunque todavía lo hace con una dotación inferior a la que la propia judicatura considera ideal para equilibrar la carga de trabajo.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, también estuvo en la ceremonia y dijo que «esta ley es además un buen ejemplo de cómo distintas instituciones del Estado desde sus respectivas responsabilidades pueden trabajar en conjunto para entregar mejores resultados a las personas».
Rau añadió que «un conflicto laboral no es solamente un número en una estadística. Detrás de una causa puede haber una familia esperando el pago de una indemnización, un trabajador que busca hacer valer un derecho o un empleador que necesita resolver una controversia para poder seguir adelante».
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el debate no es solo administrativo. Es sobre la capacidad del aparato judicial para responder con rapidez y previsibilidad, dos condiciones básicas para que los ciudadanos y las empresas no queden atrapados en la burocracia ni en tiempos de espera que encarecen cualquier disputa.
Desde la óptica de Hemisferio, el punto central es simple: cuando el Estado mejora la administración de justicia, gana el ciudadano que espera una respuesta y también gana la actividad económica que necesita reglas claras. Pero la advertencia de la propia Corte Suprema muestra que el problema no se agota con una ley. Si la carga sigue creciendo, el sistema seguirá exigiendo más eficiencia, más dotación y menos complacencia con una estructura que aún trabaja por debajo de su necesidad estimada.
