Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) en la administración de Gustavo Petro, respaldó las denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y detalló supuestos episodios de maltrato físico y sicológico. La escena lo dice todo: en el centro de la polémica ya no está solo la vida privada del poder, sino también el manejo de influencias dentro de la Casa de Nariño.
Rodríguez habló sobre los presuntos intentos de agresión por parte de la exprimera dama y reiteró que al parecer entre Alcocer y Petro existía un «pacto criminal». La exconsejera presidencial Eva Ferrer había confesado ante Semana que Alcocer se comportaba como una tirana en la Casa de Nariño y agredía a funcionarios del Gobierno Petro, entre ellos Rodríguez.
Ferrer relató a ese medio que, cuando nombraron a Rodríguez jefa del Dapre, Alcocer se enfadó y le dijo que ella no era nadie para ocupar ese cargo, que era «una desgraciada» y la zarandeó. También acusó a Alcocer de tener influencia en al menos nueve entidades estatales y de una presunta venta de cargos públicos. Son señalamientos graves, y por ahora aparecen como denuncias hechas por Ferrer y respaldadas por Rodríguez, no como hechos judicialmente establecidos.
Rodríguez, por su parte, dijo a Semana y El Tiempo que lo narrado por Ferrer es cierto. «Todo lo que narró Eva es cierto. En dos ocasiones la primera dama intentó agredirme. En una de esas ocasiones estuvo presente la entonces ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y se puso a llorar», subrayó Rodríguez.
Según su testimonio, uno de esos episodios habría ocurrido en la oficina de Petro. Allí, dijo, Alcocer la trató de manera denigrante, con groserías, y la llamó «una prostituta». Rodríguez agregó que, al salir del despacho, Alcocer habría repetido esa conducta con Juliana Guerrero.
En una segunda ocasión, relató la exdirectora del Dapre, Alcocer supuestamente le dijo que ella manejaba la contratación en el Dapre y que había temas en los que Rodríguez no se podía meter. «Siempre lanzaba su mano hacia mi cara como para golpearme, pero yo la evitaba», sostuvo.
Rodríguez fue más allá y afirmó que al parecer entre Petro y Alcocer había un «pacto criminal». Dijo que le advirtió al entonces presidente sobre las conductas de quien era su pareja y que, en su lectura, ambos se protegían mutuamente. Inclusive, aludió a una presunta compensación: mientras Petro dejaba que Alcocer ejerciera control en entidades estatales, ella permitiría las supuestas relaciones extramatrimoniales del exjefe de Estado.
«Yo siento que él le permitía, y él sabía las cosas que ella hacía, pero ella sabía lo que él hacía en cuanto a las mujeres, en cuanto a su vida desordenada (...) que me hacen deducir a fecha de hoy que ellos tenían un pacto de silencio criminal», dijo Rodríguez a Semana, y añadió que «cada uno se beneficiaba del otro».
El fondo político del caso es evidente. Si estas versiones toman fuerza pública, el golpe no recae solo sobre Alcocer: también alcanza la credibilidad del círculo más cercano de Petro y la administración de entidades estatales. Cuando el debate gira alrededor de presuntas redes de influencia, venta de cargos y uso discrecional del poder, lo que queda en juego no es un chisme palaciego, sino la confianza en el aparato estatal y en las reglas mínimas de integridad.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que las denuncias saltaron a la conversación pública. Desde entonces, la trastienda del poder en Casa de Nariño quedó expuesta a una pregunta incómoda: cuánto de lo que se decidió allí obedecía al interés público y cuánto a una red de favores, silencios y protección mutua. Ese es el desenlace político que ahora empieza a escribirse.
