La escena lo dice todo. Un hombre en pijama, descalzo, con un arma en la mano y varios carpinchos delante suyo salió al jardín de su casa en Nordelta y comenzó a disparar contra los animales. El episodio, registrado por residentes y luego incorporado a la causa, terminó en allanamientos, una notificación judicial y una discusión que ya no quedó limitada a la trastienda del barrio.
El hombre identificado por vecinos e investigación es Sebastián Favre, de 49 años, residente del lote 90 del barrio Los Alisos. Según LA NACION, Favre desarrolló gran parte de su carrera en la industria aerocomercial: trabajó durante años en Aerolíneas Argentinas y más tarde quedó desvinculado de la compañía en 2022, año en el que brindó entrevistas en las que cuestionó su salida. Actualmente, además de mantener actividad vinculada al mundo aeronáutico, figura como presidente y director ejecutivo de un centro de vuelo con sede en la provincia de Buenos Aires.
Infobae lo describió como ex piloto de avión, casado, con dos hijos y dueño de una Escuela de Vuelo de Zárate. También indicó que vive en el lote 90 del barrio Los Alisos. En ambos casos, su nombre quedó en el centro de la polémica después de que circulara el video del 17 de septiembre, en el que se lo ve apuntando y disparando contra un grupo de carpinchos dentro de su propiedad.
La investigación judicial avanzó a partir de las denuncias presentadas por habitantes del barrio y por la Asociación Vecinal Nordelta. En las últimas horas, la Policía bonaerense allanó el lote 90 y secuestró un arma de aire comprimido. También retiró prendas de vestir que, según los investigadores, coincidirían con las observadas en las imágenes. Favre fue notificado formalmente de una causa por presunto maltrato animal.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, la hipótesis bajo análisis es que los disparos habrían sido realizados para ahuyentar a los animales que ingresaban al jardín de la vivienda. Los investigadores también intentan determinar si el arma secuestrada es la misma que aparece en las grabaciones y si existieron otros episodios similares. Según testimonios incorporados a la causa, no sería la primera vez que Favre protagoniza episodios vinculados con disparos para ahuyentar carpinchos. Varios vecinos, además, afirmaron haber recibido amenazas para evitar que declararan o aportaran información.
La causa fue encuadrada inicialmente dentro de la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal. La Justicia también analiza otras posibles infracciones vinculadas con la utilización del arma y con las denuncias por amenazas formuladas por residentes de la zona.
Puertas adentro de Nordelta, el caso tuvo otra consecuencia: una sanción económica de $4,5 millones. Infobae la definió como «la máxima», según fuentes del complejo residencial. La conducta registrada en el video aparece expresamente contemplada en el reglamento interno del barrio, que prohíbe en todo el ejido del complejo el uso de armas, cualquiera sea su tipo y la clase de proyectil utilizado. El mismo apartado establece que el Tribunal de Disciplina aplicará las sanciones que considere apropiadas a quienes infrinjan esa prohibición.
También figura en el reglamento la conservación de la flora y de la fauna como una norma básica de convivencia. Y allí aparece el fondo del conflicto: Nordelta lleva años discutiendo cómo convivir con los carpinchos, entre quienes impulsan medidas para proteger a la especie y facilitar su coexistencia con los habitantes, y quienes sostienen que su crecimiento trae problemas de seguridad vial, daños a jardines y conflictos cotidianos.
Consultados por LA NACION, desde la Asociación Vecinal Nordelta difundieron un comunicado en el que señalaron que el uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible y un riesgo directo para la integridad física y la tranquilidad de los vecinos. También informaron que vecinos del propio barrio denunciaron de inmediato lo ocurrido ante la guardia y el Tribunal de Disciplina, y que la asociación presentó una denuncia penal formal el 18 de septiembre.
La escena deja una enseñanza incómoda para cualquier comunidad que quiera llamarse ordenada: las reglas importan cuando nadie quiere cumplirlas. Si el complejo residencial prohíbe armas y exige conservar la flora y la fauna, el costo de ignorar esas normas termina pagándolo toda la comunidad, ya sea en una sanción millonaria, en una causa judicial o en la erosión de la convivencia.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El caso no solo expone una tensión entre vecinos y carpinchos; también muestra hasta qué punto la vida en un barrio privado depende de reglas claras, enforcement real y consecuencias visibles. Cuando eso falla, la tranquilidad se vuelve frágil y la propiedad compartida queda rehén de decisiones individuales.
