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Niños sin rastro en los escombros

Más de 50 menores rescatados con vida tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela no han podido ser localizados por sus familias. El aparato estatal guarda silencio.
Imagen ilustrativa
domingo 12 de julio de 2026

La escena lo dice todo. Una madre llega al hospital. Pregunta por su hijo. Nadie sabe darle una respuesta.

Eso es lo que, según el defensor de derechos humanos José Luis Urbano, ha ocurrido decenas de veces desde que los terremotos del 24 de junio sacudieron Venezuela. La Guaira fue el estado más devastado. Y en medio del caos, un número indeterminado de niños fue trasladado a centros asistenciales. Después, el rastro se perdió.

«Lo que hemos venido monitoreando son más de 50 casos de niños que fueron encontrados con vida y enviados a hospitales», afirmó Urbano en entrevista con El Nacional. «Según los testimonios que hemos recibido, algunos de ellos no fueron ubicados posteriormente por sus familiares».

Urbano dirige una organización de protección infantil. Desde los días posteriores al sismo, recibió mensajes de madres y padres que aseguraban no haber podido reencontrarse con sus hijos. Difundió llamados en redes sociales. Recopiló videos y testimonios. Construyó, con lo que tenía, un monitoreo de emergencia.

Lo que no construyó el Estado fue una respuesta.

Ni el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre estos señalamientos, según el activista. Los balances oficiales sobre la emergencia omiten el número de personas desaparecidas. No hay cifra. No hay investigación abierta. No hay comunicado.

Urbano fue preciso en el marco legal. El artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal establece que, ante el conocimiento de una posible notitia criminis vinculada con un delito de acción pública, el órgano competente debe activar las diligencias necesarias. «Hasta ahora no hemos visto que se haya abierto una investigación», dijo. «Y esa falta de respuesta es lo más preocupante».

Para entender el presente hay que volver a esa semana. Los sismos golpearon una infraestructura ya deteriorada. Los hospitales recibieron a heridos en masa. Los sistemas de registro, allí donde existían, colapsaron o simplemente no funcionaron. En ese vacío institucional, los niños separados de sus familias quedaron atrapados entre una burocracia inoperante y un aparato estatal que no rinde cuentas.

UNICEF confirmó que mantiene un monitoreo de la situación. El organismo advirtió sobre los riesgos que enfrentan los menores afectados por desastres: separación familiar, desplazamiento e interrupción de servicios esenciales de salud y protección. Señaló que los niños afectados requieren con urgencia apoyo psicosocial, atención sanitaria y espacios seguros.

Los detalles cuentan la historia. UNICEF monitorea. El Estado venezolano no responde. La brecha entre ambas posturas resume décadas de erosión institucional.

El caso de los menores desaparecidos no surgió en el vacío. El 16 de junio de 2026, días antes de los terremotos, fue consignado ante la Comisión de Familia y Juventud de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El documento tiene 113 folios. Urbano fue uno de sus promotores. La emergencia sísmica llegó antes de que el debate comenzara.

Ahora ese debate tiene una urgencia distinta.

Lo que está en juego no es solo el paradero de 50 niños, aunque eso solo ya sería suficiente para exigir una respuesta inmediata. Lo que está en juego es la capacidad del Estado venezolano de proteger a sus ciudadanos más vulnerables en el peor momento posible. Un gobierno que omite los desaparecidos en sus balances oficiales no está gestionando una emergencia. Está administrando la opacidad.

Las organizaciones de la sociedad civil llevan la carga que debería cargar el aparato estatal. Lo hacen con redes sociales, testimonios y voluntad. Sin presupuesto público. Sin autoridad coercitiva. Sin acceso a los registros hospitalarios. Esa inversión de roles no es un accidente. Es el resultado de años de desmantelamiento de instituciones independientes y de concentración del poder en manos de quienes hoy guardan silencio.

Mientras tanto, las madres siguen preguntando. Y nadie, en los pasillos del poder, parece tener prisa por contestar.

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