La escena lo dice todo. Gustavo Porras, titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua, salía el martes de una reunión con el Ejército y la Policía Nacional —a los que agradeció públicamente su respaldo— cuando anunció sin rodeos lo que vendría: «Los golpistas, los traidores a la patria, los que atenten contra la independencia y soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, los que violen la Constitución, ninguno de esos puede tener derecho político».
La frase no era retórica. Era la sinopsis de una reforma constitucional presentada el martes por el Parlamento sandinista, un cuerpo subordinado a la Presidencia que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo. La iniciativa tiene dos ejes: ampliar el mandato presidencial de seis a siete años prorrogables, y excluir de cualquier proceso electoral a los opositores que el propio régimen designe como «golpistas» o «traidores a la patria».
La propuesta llegó nueve días después de que Ortega planteara eliminar las elecciones en Nicaragua y declarar «inaplicable» el artículo constitucional que impedía la reelección indefinida. El mismo Porras había dicho una semana antes que sí habría comicios, pero bajo un nuevo marco constitucional que los «blindara» de la injerencia extranjera. El martes quedó claro qué significa ese blindaje: suprimir al adversario por decreto.
Ortega, de 80 años, acumula treinta años en el poder. Coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985, presidió el país de 1985 a 1990 y retornó al poder en 2007 gracias a un acuerdo secreto que, según la fuente, mantuvo desde 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese pacto derivó en una reforma constitucional que bajó al 35 % el mínimo de votos necesarios para ganar unas elecciones presidenciales. Es, en consecuencia, el gobernante que más tiempo ha ostentado el poder en la historia de Nicaragua.
El calendario ya está fijado. Según el Parlamento, la reforma parcial a la Constitución se aprobará en septiembre próximo en primera legislatura. Los detalles cuentan la historia: la velocidad del trámite, el respaldo formal de las fuerzas armadas y la policía, y la ausencia de cualquier contrapeso institucional dibujan un proceso diseñado para concluir sin sorpresas.
La reacción internacional fue inmediata y amplia. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador—, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay expresaron su preocupación o rechazo. También lo hicieron la Unión Europea, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. Es un frente inusualmente extenso para una región acostumbrada a la cautela diplomática.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. En menos de diez días, el régimen pasó de proponer eliminar las elecciones a diseñar unas elecciones sin oposición. El resultado práctico es idéntico; la diferencia es cosmética: mantener el formato para vaciar el contenido.
Lo que está en juego no es solo Nicaragua. Cada vez que un aparato estatal utiliza la ley como herramienta para clausurar la competencia política, el costo lo pagan los ciudadanos que pierden la única palanca pacífica con que cuentan para cambiar a sus gobernantes. La reforma que Managua tramita en septiembre no es una actualización técnica del texto constitucional: es la institucionalización del poder vitalicio. Que las fuerzas armadas y la policía hayan sido convocadas a respaldar la iniciativa antes de que se vote subraya cuál es, en última instancia, el argumento que sostiene todo el andamiaje. El rechazo de más de diez gobiernos y tres organismos internacionales marca el aislamiento del régimen, pero la historia de Nicaragua en los últimos años enseña que el aislamiento, por sí solo, no detiene la maquinaria.
