La escena lo dice todo.
El miércoles 9 de julio, en el Palacio de las Garzas, los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, y Juan Carlos Orillac, de la Presidencia, tomaron asiento junto al contralor Anel Flores, el ministro para Asuntos del Canal José Ramón Icaza y los asesores presidenciales Jorge Ricardo Fábrega, Aníbal Galindo y Ventura Vega. Frente a ellos, los jefes de bancada del PRD, el Panameñista, Realizando Metas, Cambio Democrático y Alianza. La agenda: revisar proyectos del Ejecutivo en materia de agua potable, empleo, infraestructura y desarrollo social. Dos bancadas, sin embargo, no recibieron invitación: Vamos y Seguimos.
Al día siguiente, durante una gira en Bocas del Toro para inaugurar un centro de alto rendimiento deportivo en Changuinola, el presidente José Raúl Mulino despejó cualquier duda sobre el criterio de selección. «No, no los invité. Ellos no son parte. Ellos tiraron todas las puertas posibles entre diputados. ¿Por qué los tengo que invitar? Ahí no sale nada bueno», declaró ante la prensa, con el diputado bocatoreño y nuevo presidente del PRD, Benicio Robinson, a su lado.
Robinson, precisamente, era uno de los comensales del Palacio. Desde el 1 de julio encabeza la bancada del PRD y aspira a presidir la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la más poderosa del hemiciclo.
La lógica del presidente es aritmética pura: todas las bancadas convocadas contribuyeron a que Shirley Castañedas, de Realizando Metas, obtuviera 42 votos y se convirtiera en presidenta de la Asamblea el pasado 1 de julio. Vamos y Seguimos, en cambio, postularon a Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, quien cosechó 21 votos. Los panameñistas se abstuvieron.
Lo que la declaración de Mulino no contempla —o elige no contemplar— es la hoja de votaciones reciente. Diez diputados de Vamos y los tres del Movimiento Otro Camino respaldaron las reformas a la Caja del Seguro Social, un proyecto presentado y defendido por el propio Ejecutivo. En el bando contrario: trece de los quince diputados del PRD, incluidos Robinson y el subjefe de bancada Raúl Pineda, votaron en contra de esa misma reforma.
El dato es incómodo para la narrativa oficial. Los aliados del almuerzo se opusieron a una ley del gobierno; los excluidos la apoyaron.
Las reacciones no tardaron. El jefe de la bancada Vamos, Jorge González, dijo estar siempre dispuesto a apoyar iniciativas del país, pero admitió que con esa actitud «no me queda claro cuál era el fin de la reunión». La diputada Janine Prado fue más directa: calificó al presidente de «irrespetuoso e incongruente» y recordó que el propio Mulino, en su discurso del 1 de julio ante el pleno, «alababa el trabajo realizado» por el diputado independiente Eduardo Gaitán tras conducir el debate de la ley de sustancia económica.
Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, adoptó un tono diferente. «Somos oposición. Pero claro, eso a usted le incomoda porque está acostumbrado a gente sumisa o a gente que no le lleve la contraria», respondió, añadiendo que el episodio confirmaba que su bancada no forma parte de los pactos en que, según él, «se siguen repartiendo los dineros del pueblo».
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
La exclusión no es un accidente de protocolo: es una declaración de principios sobre cómo Mulino concibe la gobernabilidad. Los aliados que garantizaron la presidencia de la Asamblea tienen acceso a la agenda legislativa del Ejecutivo; quienes disputaron esa presidencia, no. Es una fórmula conocida en la política latinoamericana, y tiene cierta lógica de gestión: los gobiernos necesitan mayorías predecibles para aprobar presupuestos, reformas y contratos.
Desde la línea editorial de Hemisferio, sin embargo, el episodio plantea una pregunta de fondo sobre el modelo Mulino. Un gobierno que apuesta por la estabilidad jurídica, la inversión y el Canal como motores de crecimiento necesita algo más que una mayoría administrada a golpe de almuerzo: necesita credibilidad institucional. Cuando los votos favorables a una reforma clave provienen de la oposición y los votos en contra vienen de los propios aliados de mesa, el mapa de incentivos se vuelve opaco para cualquier inversor o contraparte que intente leer a Panamá desde afuera. La gobernabilidad comprada con exclusiones puede ser eficiente a corto plazo; raramente lo es a largo.
