En Morelos operan actualmente La Familia Michoacana y el CJNG, junto con las agrupaciones regionales Federación Guerrerense, Unión Morelense, Unión Tepito y Nuevo Imperio, además de 15 células criminales distribuidas en todo el estado, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía y el balance presentado por autoridades de seguridad.
La escena lo dice todo: mientras la mesa de coordinación intenta mostrar resultados contra la extorsión, la propia autoridad admite un tablero criminal amplio, disperso y todavía activo. El fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, dijo que hay «dos grupos criminales de carácter nacional operando en Morelos, cuatro grupos regionales y diversas células locales predominantemente en la zona sur».
En su conferencia, Blumenkron Escobar no mencionó por nombre a esos grupos de corte nacional ni a los regionales. La identificación de los 15 grupos locales trascendió de manera extraoficial, después del abatimiento de un líder criminal en Tlaltizapán, el homicidio del dirigente del PRI en Tetecala de la Reforma y el asesinato de un sargento del 108 Batallón de Infantería, durante un enfrentamiento con civiles armados registrado la madrugada del sábado en Tlaquiltenango.
El fiscal también dijo que se investiga si existe relación entre esos hechos. La pregunta de fondo no es menor: cuando el delito se fragmenta en células y agrupaciones territoriales, la presión sobre comunidades, comercios y transportistas suele volverse más difícil de contener y más costosa de erradicar.
Más adelante, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Rodríguez Díaz de León, informó que el operativo «Enjambre», puesto en marcha por el gobierno de México a partir de noviembre de 2024, está permanente y ha puesto a disposición a 112 personas servidoras públicas.
El mismo funcionario recordó que el operativo fue ejecutado en Cuautla en mayo pasado, con las detenciones de alcaldes y exalcaldes, así como funcionarios de ese municipio de la zona oriente, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó la aplicación del «Plan Cuautla» para detener el delito de extorsión y de alto impacto.
Rodríguez Díaz de León, responsable del plan oficial, afirmó que en septiembre, con respecto al mes inmediato anterior, se registra una disminución superior al 50% en la comisión del delito de extorsión, aunque pidió esperar a la terminación del mes para tener certeza sobre ese dato.
En números concretos de combate a la extorsión, la Mesa reportó 17 cateos ejecutados, 14 órdenes de aprehensión, 15 detenciones en flagrancia, 18 personas vinculadas a proceso y cinco sentencias condenatorias por extorsión agravada, equivalentes a 83 años y tres meses de prisión, más multa y reparación del daño.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el gobierno muestra presión operativa y cuentas judiciales, pero el diagnóstico criminal sigue siendo severo. Hay presencia de organizaciones nacionales, grupos regionales y células locales; es decir, un escenario donde la seguridad pública no puede medirse solo por detenciones o cateos, sino por la capacidad real del Estado para recuperar el control territorial y proteger la actividad económica cotidiana.
Ese es el desenlace que importa. Cuando la extorsión golpea y la autoridad apenas logra contenerla, el costo lo absorben los ciudadanos, los negocios y la confianza en la ley. La tarea del aparato estatal no es exhibir movimiento, sino garantizar orden. Y en Morelos, por ahora, el mapa criminal sigue marcando la agenda.
