Javier Milei llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas un mensaje doble: defensa del reclamo argentino sobre Malvinas y un ataque frontal a la eficacia del organismo multilateral. En su discurso en Nueva York, sostuvo que las islas son «una causa nacional» y pidió que la ONU intervenga frente a las acciones unilaterales del Reino Unido que, según dijo, afectan los derechos soberanos de la Argentina.
La escena lo dice todo. Frente a los líderes reunidos en el recinto, Milei insistió en que la disputa por Malvinas expone la distancia entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad. Recordó la resolución 3149, aprobada hace 50 años, y afirmó que la situación no cambió, mientras «las modificaciones unilaterales continúan».
El presidente fue más lejos al cuestionar la utilidad misma del foro multilateral. Dijo que no faltan palabras ni resoluciones, sino consecuencias, y planteó que una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde autoridad. Según su planteo, quienes siguen las reglas no reciben recompensa y quienes incumplen no enfrentan represalias.
En ese marco, Milei aseguró que la Argentina ya tomó nota de esa realidad y enumeró las medidas que, dijo, adoptó frente a la explotación autorizada de recursos en el área en disputa: presentaron notas de desaliento, acudieron a herramientas jurídicas disponibles, sancionaron a empresas involucradas y a sus proveedores, y enviaron al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El giro no quedó ahí. Milei dijo que la defensa argentina no será discursiva, como en gobiernos anteriores, sino «pacífica, práctica y efectiva». También sostuvo que el principio de libre determinación no aplica en este caso, porque —según expresó— se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.
A la vez, le pidió al Reino Unido reanudar las negociaciones para una solución pacífica y reiteró su invitación a intercambiar opiniones sobre la controversia relativa a la explotación de recursos naturales. En el recinto escuchaban el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi.
Pero el discurso no se limitó a Malvinas. Milei aprovechó la tribuna para extender su crítica a la ONU y al manejo de la pandemia. Según dijo, durante el COVID-19 organismos que dependen de esa casa se antepusieron a la evidencia científica y a la soberanía de las naciones, y promovieron políticas de encierro forzado que destruyeron empleos, arruinaron la educación y costaron vidas.
En una formulación todavía más dura, el presidente habló de un «experimento global de control social disfrazado de ciencia» y dijo que, cuando un Estado quita a su población el derecho a trabajar, a educarse y a despedir a sus muertos, la palabra para nombrarlo es «genocidio».
La ONU, además, fue blanco de una condena política más amplia. Milei la describió como una organización inútil y la acusó de alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados. Según El Universal, también dijo que quienes debían garantizar seguridad colectiva y derechos humanos fracasaron y permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional.
El tema energético apareció como una extensión de la disputa soberana. Según el mismo discurso, Milei lanzó un mensaje al sector privado: Vaca Muerta es una oportunidad histórica y está abierta a la inversión, pero las empresas que operen en Malvinas no podrán hacerlo allí. El Universal señaló que también advirtió a las compañías del sector que esa invitación tiene un límite.
El trasfondo es claro: para el gobierno argentino, la soberanía dejó de ser solo una bandera diplomática y pasó a ser una línea de acción que intenta combinar presión política, sanciones y advertencias comerciales. La apuesta es que el costo de operar sobre el área en disputa no quede difuminado en la burocracia internacional.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: Milei eligió usar el principal foro del sistema multilateral para decir que la Argentina no espera pasivamente a que otros hagan cumplir las reglas. El mensaje es funcional a una idea de orden internacional con consecuencias, pero también muestra hasta qué punto el país sigue atrapado en una disputa donde la diplomacia, los recursos y la autoridad estatal se mezclan en la misma mesa.
Desde la lógica de la casa, el punto de fondo no es retórico. Lo que está en juego es si los organismos internacionales sirven para hacer valer reglas o solo para acumular declaraciones. Si la respuesta es la segunda, el costo lo pagan los países que cumplen, las empresas que invierten bajo normas y los contribuyentes que financian un aparato que no protege ni hace respetar nada.
