Javier Milei volvió a llevar la disputa por las Islas Falkland, conocidas en Argentina como Islas Malvinas, al terreno judicial y diplomático. El lunes fijó un plazo de dos semanas para que el Reino Unido detenga el proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa offshore entre compañías británicas e israelíes, o de lo contrario avanzará ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La escena lo dice todo. El conflicto ya no se limita a una vieja controversia de soberanía: ahora toca explotación de hidrocarburos, licencias, arbitraje internacional y la potestad de un Estado sobre recursos que considera propios. Milei dijo que la Cancillería argentina y los equipos legales ya están preparados para «iniciar arbitraje internacional» contra el Reino Unido.
Las empresas involucradas —Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum— sostienen que cuentan con licencias válidas para las extracciones previstas. TIME señaló que pidió comentarios adicionales a las compañías. Del lado británico, un portavoz de la Foreign Office respondió que estas amenazas son otro intento de negar a los isleños el derecho a decidir su desarrollo económico y su futuro.
En esa respuesta aparece también el marco político de Londres. El vocero citó al primer ministro, Andy Burnham, para afirmar que el apoyo británico al derecho de autodeterminación de los habitantes de las Falkland es «inquebrantable» y que el Reino Unido lo defenderá siempre.
Argentina, por su parte, sostiene que el proyecto equivale a un «saqueo ilegal de [sus] recursos». En un comunicado presidencial, el gobierno dijo que «la República Argentina no permanecerá de brazos cruzados» y que defenderá «sus derechos soberanos» usando las herramientas diplomáticas, administrativas y legales reconocidas por el derecho nacional e internacional. El mismo texto indicó que Milei buscará iniciar procedimientos arbitrales bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El conflicto tiene antecedentes jurídicos concretos. Marcelo Kohen, profesor emérito de derecho internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, explicó que el ultimátum de dos semanas se vincula con un procedimiento que Argentina debe seguir antes de pedir medidas provisionales al tribunal. Según Kohen, si el Reino Unido no acepta ese pedido, Argentina irá a la sede del tribunal en Hamburgo y allí ambas partes presentarán sus argumentos antes de que el órgano decida si Londres debe detener la explotación de recursos de hidrocarburos.
Las Malvinas están bajo administración británica desde 1833 y siguen siendo territorio de ultramar del Reino Unido, pero Argentina continúa reclamándolas. En un referéndum de 2013, los residentes votaron de manera abrumadora por seguir bajo dominio británico: hubo 92% de participación y 99.8% de votos afirmativos.
El proyecto Sea Lion apunta a reservas energéticas de gran escala. La cuenca se estima en 1.7 billion barrels of oil. Ese dato explica por qué el litigio no es solo simbólico: detrás del lenguaje de soberanía hay un activo con valor económico real y una discusión sobre quién decide su explotación.
Milei además elevó el tono contra las Naciones Unidas. En su discurso ante la Asamblea General en Nueva York, llamó a la organización «una organización inútil» y dijo que su único propósito es sostener «una casta de parásitos fatalmente arrogantes que se hacen pasar por burócratas bienintencionados». También afirmó ante los delegados que el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina, en la cuenca North Malvinas, bajo licencias británicas que Argentina rechaza como ilegales e ilegítimas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el gobierno argentino ya había anunciado a inicios de septiembre que sancionaría a las empresas petroleras que operan en la zona y reforzaría su capacidad de respuesta frente a lo que considera amenazas contra su soberanía. Luego, el 15 de septiembre, la Cancillería informó que había enviado aproximadamente 180 notas de advertencia y evaluación de riesgos a personas y entidades jurídicas en 30 países y presentado tres denuncias penales que involucran a 10 empresas y a sus directores.
Lo que está en juego es más que una pulseada retórica. Cuando un gobierno lleva una disputa territorial a los tribunales internacionales, también está tratando de fijar reglas sobre recursos, inversión y autoridad estatal. En este caso, el choque enfrenta el reclamo argentino sobre sus recursos con el derecho británico a respaldar un proyecto energético privado y la autodeterminación de los isleños.
La consecuencia para los protagonistas es clara: el expediente suma incertidumbre jurídica a un negocio petrolero ya sensible. Y para los contribuyentes y la economía de fondo, la pregunta es si la disputa terminará resolviéndose por la vía del derecho o si seguirá alimentando una confrontación costosa entre soberanías en competencia.
