Javier Milei habló durante casi cinco horas el último lunes en la Casa Rosada. Primero reunió a ministros; después, a diputados y senadores de La Libertad Avanza. El mensaje fue directo: «¡No concedan nada!». A puertas cerradas, el Presidente les ordenó rechazar categóricamente que exista un deterioro económico y, en su idioma, les pidió «no se dejen psicopatear».
El núcleo de la intervención fue una defensa cerrada del programa oficial. Milei no admitió falla alguna, desconoció dificultades de la economía real y negó de plano una caída de la actividad, la pérdida de puestos de trabajo y una merma del poder adquisitivo de las familias, según la reconstrucción del encuentro. Para el Presidente, el cuadro general sigue ordenado: habla de «crecimiento durante 27 meses consecutivos», pobreza a la baja e inflación desacelerando.
La escena lo dice todo. Mientras el jefe de Estado buscaba blindar el relato, en el Gobierno crecían las señales de fricción. El impacto se sintió de lleno en el equipo económico, que quedó limitado a movimientos milimétricos en la gestión. El problema no fue solo el tono político. También apareció una disputa concreta en torno al Presupuesto 2027 y, en especial, al capítulo 6, que pretendía derogar «por la ventana» artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Ese movimiento detonó un bombazo en el ala política. En el momento en que la «ley de leyes» ingresó al Congreso, el Gobierno negociaba con aliados para evitar una derrota opositora sobre ese tema. Sin embargo, el Ministerio de Salud, que tiene a su cargo el área de Discapacidad, no estaba informado del texto del capítulo 6. Tampoco Martín Menem se anticipó al frente de tormenta en la Cámara baja. El Presupuesto se nutre de información de los ministerios, se confecciona en el Ministerio de Economía y pasa por la Secretaría Legal y Técnica antes de la firma final del Presidente.
No era un debate nuevo. Según fuentes del oficialismo en Diputados, el equipo económico quería fijar postura sobre Discapacidad dentro del Presupuesto, como ya había hecho en diciembre de 2025, pero el ala parlamentaria había advertido sobre la inconveniencia de esa jugada. «Es el tema más picante hoy en el Congreso. Ya perdimos seis votaciones con este tema. Y nos pone en peligro otras negociaciones», dijo una fuente del oficialismo en Diputados.
Finalmente, el Gobierno volvió al plan parlamentario original. Aun así, nadie descarta otro «martes 13» si la oposición profundiza el análisis de la hoja de ruta presupuestaria. La obra pública, que viene siendo negociada en cada reunión de la Casa Rosada con los gobernadores, aparece como otro foco posible de chisporroteos.
La tensión también dejó marcas en la bancada. Varios legisladores salieron embroncados del encuentro. No los más nuevos, sino los que tienen trayectoria política propia y conocen el costo de chocar con la realidad fuera del palacio. Uno de ellos lo dijo así: «Yo no puedo pelearme con la realidad e insultar la inteligencia de la gente. Prefiero abstenerme de hablar».
En medio de la desconfianza por eventuales filtraciones, todos dejaron sus celulares. Un senador se quejó: «No puede estar todo un gobierno incomunicado por cuatro horas ¿Qué somos? ¿Suiza?». Patricia Bullrich se fue a los 20 minutos de iniciado el encuentro con los legisladores. Poco después, en X, marcó distancia con sutileza: «Hay que sostener el rumbo y acelerar los resultados».
El giro de la semana no es solo comunicacional. Milei parece decidido a cerrar filas y a negar cualquier deterioro, aun cuando parte de su propia tropa se incomoda con el choque entre la narrativa y la economía cotidiana. Esa estrategia puede servir para ordenar a los leales, pero también estrecha el margen de maniobra de un gobierno que depende de negociaciones finas para sostener su agenda.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: el Presidente eligió la confrontación con los datos incómodos y, al hacerlo, empujó a su equipo a una disciplina casi militar. En términos políticos, eso refuerza la verticalidad; en términos de gobierno, expone la fragilidad de un armado que necesita coordinación y realismo para evitar que cada discusión presupuestaria termine en un costo adicional para el propio Estado y para los contribuyentes.
