El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que, a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas, crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas estén preparadas para participar en «operaciones militares convencionales y no convencionales».
Pero el recibimiento en sectores castrenses está lejos del entusiasmo. Allí lo describen como «un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes». La frase condensa el clima que rodea al texto oficial, en un momento en que la discusión sobre defensa vuelve a cruzarse con el problema más básico de cualquier estrategia estatal: quién la paga y con qué medios la ejecuta.
La otra pieza del tablero es el presupuesto 2027, remitido a la Cámara de Diputados. Según la información oficial citada por fuentes militares, el área de Defensa recibiría un aumento del 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
En paralelo, siguen abiertas varias tensiones que los uniformados mencionan como parte del cuadro general: la equiparación salarial prometida con las fuerzas de seguridad está «muy lejos», el presupuesto militar decrece en términos reales y continúa la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, con una deuda de $160.000 millones.
Un oficial en actividad describió el escenario como uno de «marcado desinterés y fuerte preocupación». Otro militar añadió que, en algunas provincias, muchos suboficiales y oficiales subalternos están más pendientes de saber cuándo la Policía local abre la inscripción para incorporar efectivos que de otra cosa, como reflejo del malestar por los bajos salarios.
Ese contexto ayuda a explicar por qué experiencias recientes, como la Operación Roca —el despliegue militar en la frontera norte para tareas de control, vigilancia y apoyo contra el delito complejo— y los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no encontraron un fuerte entusiasmo en las filas militares.
El origen normativo del nuevo proyecto está en el decreto 1112/24, dictado durante la gestión ministerial de Luis Petri. Según explicó Juan Battaleme, que acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, al no haber fuerza política en el Congreso se extendió por decreto la banda de actores considerados amenaza externa. Battaleme señaló que, frente a la interpretación restrictiva del decreto 727/2006, se pasó a una interpretación amplia: «amenaza externa es todo lo que afecte la integridad territorial del país, mientras opere en el exterior».
No todos los reparos pasan por la coyuntura presupuestaria. El teniente general retirado Juan Martín Paleo, referente del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, junto al abogado Carlos Lionel Traboulsi, sostuvo que el proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios ni el presupuesto para defender las fronteras. Según dijo, crea «un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada», otorga atribuciones a los servicios de inteligencia y posterga indefinidamente la presencia real de la Argentina en el Atlántico Sur.
Paleo agregó otra objeción: la falta de mención a la problemática de la milla 350. Explicó que el país extendió los límites exteriores de su plataforma continental hasta esa milla, con el aval de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero el proyecto limita la actuación del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva, marcada por la milla 200.
Entre los uniformados también hay una coincidencia de fondo: el encuadramiento legal vigente fue pensado para la guerra fría. Un general del Ejército retirado sostuvo que el nuevo escenario mundial obliga a buscar consensos y requiere un trabajo de Estado, y llamó a «despojarse de ataduras ideológicas».
Otros, incluso, valoran que el Estado vuelva a discutir qué defensa necesita la Argentina y que se intente articular capacidades hoy fragmentadas. Pero aun allí aparece la duda práctica: el proyecto crea el Consejo de Seguridad Nacional con participación de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia, aunque varios oficiales creen difícil que esa sinergia funcione en la realidad. «Las culturas imperantes son muy fuertes y contrarias a esta sinergia que en un país serio sería norma», dijo un oficial retirado.
La escena lo dice todo: hay consenso en que el país necesita ordenar su defensa, pero no en que esta ley sea el camino. En la trastienda, lo que aparece es una advertencia más amplia sobre el modo en que la política argentina suele responder a problemas estratégicos: con más capas de decisión, más centralización y más expectativas que medios concretos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que la tensión por Malvinas activó el impulso legislativo. El desenlace, por ahora, muestra la misma vieja tensión entre el discurso del orden y la realidad del presupuesto. Cuando el Estado promete más misión sin fondos suficientes, el resultado no es fortaleza: es una nueva burocracia sobre una estructura que ya arrastra deudas, salarios rezagados y capacidades limitadas.
