La escena lo dice todo. Un anuncio oficial, una fecha de inicio —septiembre— y una meta redonda: mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en todo el país antes de que termine el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El primero en ponerse en marcha en el Estado de México será el de Chalco, con capacidad para atender a 110 niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad.
La iniciativa se enmarca en el llamado Plan Oriente para el Estado de México, impulsado por el gobierno federal en coordinación con la administración estatal de Delfina Gómez Álvarez. El diseño de los centros fue elaborado en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y contempla instalaciones adaptables a las condiciones y necesidades de cada región del país.
Las autoridades destacaron que los nuevos inmuebles pondrán fin a la era de los espacios adaptados —locales improvisados que históricamente han albergado servicios de cuidado infantil— y serán construidos bajo especificaciones técnicas orientadas al desarrollo de los menores. La meta agregada es crear 500 mil nuevos espacios de atención a lo largo del sexenio.
Los detalles cuentan la historia. El anuncio llega en un momento en que el gobierno federal multiplica sus programas de infraestructura social en el Estado de México, territorio que el oficialismo considera estratégico tras la victoria de Gómez Álvarez en 2023. Chalco, municipio del oriente mexiquense con alta densidad poblacional y déficit histórico de servicios públicos, figura como la punta de lanza visible de ese esfuerzo.
Lo que el comunicado oficial no detalla —y lo que cualquier ciudadano con derecho a saber debería exigir— es el costo unitario de cada CECI, el presupuesto total comprometido para los mil centros y el mecanismo de financiamiento. La meta de 500 mil espacios suena generosa; la pregunta que queda en el aire es quién firma el cheque y bajo qué condiciones de transparencia se ejecutará la obra.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El anuncio del CECI de Chalco no es un hecho aislado: es parte de un patrón en el que el aparato estatal presenta cifras de cobertura —110 niños, mil centros, 500 mil espacios— sin acompañarlas de los datos fiscales que permitan al ciudadano evaluar la relación costo-beneficio. En un país donde el gasto federalizado ya enfrenta presiones severas, la ausencia de esa información no es un detalle menor.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el principio en juego es doble. Primero, la transparencia: toda obra pública financiada con dinero de los contribuyentes exige costos publicados, licitaciones abiertas y mecanismos de auditoría independiente. Segundo, la subsidiariedad: antes de construir mil centros estatales, vale preguntarse si el mismo objetivo —cuidado infantil de calidad— podría alcanzarse con mayor eficiencia permitiendo la participación de proveedores privados y de la sociedad civil bajo un esquema de vouchers o subsidios directos a las familias, en lugar de edificar una nueva red de infraestructura gestionada por el Estado.
Ninguno de esos debates aparece en el comunicado oficial. Lo que sí aparece es la firma política: el Plan Oriente lleva el sello conjunto de Sheinbaum y Gómez Álvarez, y el primer CECI de la serie será inaugurado —presumiblemente— en un municipio de alto impacto electoral. El desenlace de los mil centros prometidos dependerá, como siempre, de si el presupuesto resiste y de si alguien en el Congreso o en los órganos de fiscalización se toma la molestia de preguntar cuánto cuesta cada ladrillo.
