La Secretaría de Turismo defendió el aumento de diversos servicios migratorios en la Ley Federal de Derechos para 2027 con una idea central: el sistema actual ya no alcanza y hace falta dinero para invertir en tecnología.
Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, dijo que se trata de «poder aumentar la tecnología de migración, de entrada y salida de visitantes», y añadió que el Instituto Nacional de Migración explicará un sistema «muy de primer mundo». También sostuvo que «ya no es posible con el sistema que se tiene».
La funcionaria habló del tema durante el segundo informe de actividades del diputado morenista Enrique Vázquez, donde fue cuestionada por la modificación de las cuotas.
Rodríguez Zamora agregó que los recursos destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional por las cuotas migratorias a turistas extranjeros servirán para promocionar productos turísticos, entre ellos el Tren Maya. Señaló además que Sedena tiene productos turísticos que el gobierno está impulsando, y mencionó aeropuertos, promoción y hoteles.
Mientras tanto, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de la Ley de Derechos, con tres reservas. Una de ellas redujo la cuota migratoria a turistas extranjeros de 1,334.80 a 1,158 pesos.
La misma modificación cambió la distribución de esos ingresos: 57% para la Sedena, 15% para el INM y 28% para la Tesorería de la Federación.
El dictamen también reestructura de forma integral las tarifas de los servicios migratorios en aeropuertos, fronteras y emisión de documentos en el extranjero. Entre esos cobros aparecen la matrícula consular en 41 dólares, visas en pasaportes extranjeros a 56 dólares y la visa de visitante sin permiso para actividades remuneradas en 54 dólares.
La escena lo dice todo. El gobierno no presenta este aumento como una carga fiscal, sino como una vía para financiar tecnología, operación migratoria y promoción turística. En los hechos, sin embargo, la factura recae sobre quienes cruzan fronteras, gestionan documentos o visitan el país bajo nuevas cuotas.
Ahí está el giro que importa: más dinero de los contribuyentes y de los usuarios para un aparato estatal que promete modernización, pero que todavía depende de arreglos presupuestales aprobados en la Cámara de Diputados. Si la promesa de un sistema «muy de primer mundo» se cumple o no, el tiempo lo dirá; lo inmediato es que el Estado vuelve a cobrar más para sostener funciones que considera urgentes. Los detalles cuentan la historia.
