Los gobiernos de México y República Dominicana están en vías de firmar un acuerdo bilateral para compartir conocimientos científicos, acelerar la evaluación de tecnologías y explorar infraestructura regional para el tratamiento y la valorización del sargazo. La escena lo dice todo: la presión del fenómeno ya no se mide solo en playas cubiertas, sino en costos crecientes para cada país.
Desde Cancún, donde se celebra la Cuarta Conferencia UE-Caribe Global Gateway con más de 340 asistentes de 45 países, Armando Paíno Henríquez explicó que uno de los objetivos iniciales es intercambiar los estudios y las experiencias acumulados por ambos países durante los últimos 15 años. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana dijo que la idea es evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar los resultados de investigaciones ya realizadas.
La lógica es simple. Si ambos gobiernos han evaluado tecnologías y propuestas similares, compartir resultados permitiría avanzar a partir de pruebas y evaluaciones ya hechas por el otro, en vez de repetir procesos agotados. En vez de duplicar gasto, la apuesta es recortar tiempo y dinero.
La cooperación también busca soluciones que puedan atender a otros países del Caribe. La propuesta incluye instalaciones para procesar y valorizar la macroalga. Henríquez advirtió que la inversión y los gastos operativos de esa industria son elevados por los equipos pesados y los costos fijos. Por eso, construir plantas en cada territorio podría convertirse en una carga difícil de sostener, sobre todo para las naciones más pequeñas.
La alternativa que se discute es concentrar plantas procesadoras en puntos determinados y dar servicio a varios territorios. Así, los países con menor capacidad de inversión podrían recolectar el sargazo en sus costas y trasladarlo a una planta regional, en lugar de levantar instalaciones propias. Los detalles cuentan la historia. El problema ya empuja a pensar en escala regional, no solo en respuestas locales.
Por parte de México, José Luis Samaniego presentó una estrategia que abarca la recolección del sargazo en el mar, su contención con barreras, la puesta en marcha de más buques sargaceros de mayores dimensiones, su recolección en tierra, su disposición final y su aprovechamiento. El subsecretario de la Semarnat recordó los más de dos mil millones de pesos comprometidos por la presidenta, Claudia Sheinbaum, que en una primera etapa echará mano de 768 millones de pesos para aumentar la capacidad de recolección de 627 a mil 870 toneladas diarias en aguas abiertas.
La cooperación bilateral también contempla una plataforma tecnológica desarrollada con asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que está próxima a lanzarse. La herramienta estará disponible para instituciones públicas, universidades, centros de investigación y empresas privadas, de acuerdo con lo expuesto por Henríquez.
El ministro dominicano señaló que el acuerdo con México sería el punto de partida para incorporar a otras naciones caribeñas con las que ya hay conversaciones, entre ellas Barbados, Panamá, Belice y Honduras, este último por las afectaciones registradas en Roatán. Antes, dijo, hace falta definir las reglas de coordinación y gobernanza. Solo después, la intención es ampliar la participación regional y distribuir entre más países los costos de investigación, recolección y procesamiento.
En República Dominicana, la magnitud del recale sigue siendo alta. Henríquez dijo que reciben alrededor de 3 mil toneladas diarias de sargazo, recolectadas en más de 100 playas. El país ha instalado más de 60 kilómetros de barreras de contención y prevé ampliar esa extensión a 85 kilómetros en 2027. También informó que estas acciones se financian con recursos públicos y privados, con una inversión anual conjunta superior a 100 millones de dólares.
Durante el 2025 se retiraron 92 mil 782 toneladas de sargazo y en lo que va de este año la cifra va en 123 mil. El ministro anticipó además que 2027 podría registrar un nuevo récord de arribazones, con base en proyecciones satelitales, inteligencia artificial y otros cálculos, aunque no precisó los volúmenes estimados.
En el fondo, la discusión revela un principio que conviene no perder de vista: cuando el Estado enfrenta un problema recurrente y caro, coordinar mejor no es un lujo, sino una obligación. Si el sargazo seguirá golpeando a las costas del Caribe, lo sensato es reducir duplicidades, compartir tecnología y repartir costos. Eso beneficia a los contribuyentes y a los sectores que dependen del turismo y de la actividad costera.
También deja una advertencia. La solución no vendrá de más burocracia, sino de reglas claras, inversión útil y cooperación entre países que enfrentan el mismo daño. Si la región logra organizarse, podrá convertir un gasto repetido en una respuesta más eficiente. Si no, el precio seguirá cayendo sobre los presupuestos públicos y sobre economías locales que ya cargan con el problema.
