La escena lo dice todo: en la sede de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), funcionarios de México y España sellaron, el 3 de septiembre de 2026, un Memorándum de Entendimiento para reforzar la cooperación bilateral en inteligencia artificial, ciberseguridad, conectividad y simplificación de trámites, según reportó El Financiero.
El acto protocolario tuvo dos protagonistas. Por el lado mexicano, José Peña Merino, identificado por la ATDT como titular de la agencia, presentó ante la delegación española los proyectos estratégicos que el gobierno mexicano exhibe como su apuesta digital: la Nube MX, el Plan Nacional de Ciberseguridad, un programa nacional de simplificación y digitalización de trámites, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial y la llamada Fábrica de IA, que según el mismo funcionario desarrolla modelos de riesgo aduanales, fiscales y meteorológicos.
Peña Merino mencionó también la construcción de la supercomputadora Coatlicue, que la ATDT proyecta como la más potente de América Latina. No se detallaron en el acto costos, plazos ni fuentes de financiamiento del proyecto.
Por la parte española, Óscar López Águeda, presentado como Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, describió una estrategia digital organizada en cuatro ejes: empresas, industria, derechos y formación. Según lo expuesto por el ministro, esa estrategia incluye actualización regulatoria, capacitación en universidades y cursos, vinculación con la industria, apoyo a empresas y proyectos de infraestructura con participación de inversión pública y privada.
El documento firmado establece una colaboración enfocada en compartir experiencias y buenas prácticas en centros de datos, IA aplicada a servicios públicos, conectividad, identidad digital, simplificación de trámites y atención ciudadana, ciberseguridad y gestión de desastres. También contempla programas de capacitación, investigación y proyectos conjuntos, con la incorporación —al menos en el papel— del sector privado, instituciones académicas y centros de investigación.
Según el comunicado difundido tras la firma, el memorándum busca «estrechar el intercambio de conocimiento y capacidades para impulsar proyectos conjuntos», ampliar la colaboración entre gobierno, academia y sector privado, y usar la tecnología «como una herramienta para generar mejores servicios y mayores oportunidades para las personas».
Los detalles cuentan la historia que el comunicado oficial no subraya: el memorándum es, ante todo, un pacto entre dos aparatos estatales. La Nube MX, el Plan Nacional de Ciberseguridad y la supercomputadora Coatlicue son, según lo expuesto por la propia ATDT, proyectos concebidos y conducidos desde el gobierno mexicano, no iniciativas surgidas de la competencia entre empresas privadas. La mención a la «participación de inversión pública y privada» en el esquema español aparece como un matiz, no como el eje del acuerdo.
Para entender el presente hay que volver a esa firma en la sede de la ATDT: mientras el mundo compite por atraer capital y talento en inteligencia artificial mediante reglas claras y estabilidad jurídica, México exhibe como bandera una infraestructura tecnológica diseñada y operada por el Estado, con el sector privado en un rol secundario. Ese diseño, más que garantizar innovación, corre el riesgo de convertirse en otro brazo de la burocracia digital, financiado con dinero público y sujeto a los vaivenes de cada administración.
El acuerdo con España puede aportar intercambio útil de experiencias regulatorias, pero no sustituye lo que en verdad atraería inversión de largo plazo en IA: reglas estables, protección efectiva a la propiedad intelectual y un Estado que facilite —en lugar de centralizar— la innovación. Mientras la Fábrica de IA y la supercomputadora Coatlicue dependan del presupuesto y del criterio de funcionarios como Peña Merino, la promesa de «mayores oportunidades para las personas» seguirá siendo, sobre todo, una declaración de intenciones a puerta cerrada.
