Los cárteles han pasado de usar drones para espionaje a convertirlos en una herramienta de intimidación, bombardeo y tráfico de drogas. En México, mientras el delito se diversificó, el Estado quedó sin control efectivo sobre su venta, su circulación y su uso.
El punto de partida es una advertencia incómoda: las reformas aprobadas en 2023 en el Congreso de la Unión son, en palabras de la fuente, «letra muerta». No se ha logrado inhibir el uso de drones, no se han aplicado sanciones y tampoco existe tecnología suficiente para derribarlos o inhibirlos.
Expertos en seguridad dijeron a EL UNIVERSAL que la regulación llegó tarde frente al avance criminal. Las normas buscan prohibir y sancionar hasta con 60 años de cárcel a grupos delictivos, principalmente cárteles de la droga, que usan drones para atacar a la población civil y a autoridades, arrojar bombas, espiar o traficar drogas. Pero el problema no está solo en el castigo posterior: está en la facilidad de compra, la ausencia de registro y la falta de control sobre una cadena de suministro que sigue abierta.
David Saucedo, especialista y consultor en seguridad, sostuvo que los narcodrones detectados en la frontera norte por autoridades de Estados Unidos son prueba de que ninguna autoridad mexicana, a nivel federal, estatal o municipal, está combatiendo este delito ni cuenta con la tecnología para hacerlo.
Según Saucedo, en México los drones se comercializan de forma libre. No hay registro de compra-venta, no hay padrón y no hay restricciones. También advirtió que falta conocimiento de la normativa aeronáutica, desde el uso cerca de aeropuertos hasta la vertiente del narcotráfico, donde estas aeronaves se emplean para atacar poblaciones, arrojar bombas, traficar y espiar.
El especialista aclaró que no se trata de drones militares, sino de equipos comerciales adaptados de forma artesanal y casera para fines delictivos. En su lectura, no existe una institución, una política ni un mandato que obligue al gobierno mexicano a frenar el delito.
La dimensión del problema ya aparece en los registros. En 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional registró 16 agresiones a su personal con drones y/o explosivos improvisados en Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua. Además, se han contabilizado 605 ataques con drones equipados con explosivos desde 2020 hasta mediados de 2023.
Abraham Serrano, especialista en seguridad, dijo que el gobierno mexicano está rebasado en instrumentos para la prohibición, el combate y las sanciones. A su juicio, los grupos criminales recurren a chips, aparatos y artefactos arsenales utilizados en conflictos como la guerra en Ucrania y en Medio Oriente.
Serrano señaló que en la guerra entre la Chapiza y la Mayiza en Sinaloa se ha encontrado el uso de drones con tecnología de fibra óptica, similar a la usada en Ucrania. También afirmó que otros cárteles mexicanos han recurrido a estas aeronaves con fines terroristas.
El especialista criticó que la reforma se enfocó en castigar el delito ya consumado, es decir, el daño producido por el dron, pero dejó fuera la venta de equipos en plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre y Alibaba, donde cualquier persona, incluidos delincuentes, puede comprarlos. También dijo que se ignoró la cadena de suministro completa: motores, tarjetas de control de vuelo de código abierto, microcámaras y otros componentes que permiten convertir un dron casero en una herramienta de espionaje, bombardeo o tráfico de drogas.
Los protagonistas de esta historia no son solo los cárteles. También lo es un aparato estatal que reaccionó después, cuando la tecnología ya había cambiado de manos. El mercado, libre y sin registro, hizo el resto.
La escena lo dice todo. Mientras los grupos criminales se adaptan, compran, ensamblan y exportan su violencia, la respuesta oficial sigue atrapada en la lógica de perseguir el daño y no la infraestructura que lo hace posible. Ese es el costo de un Estado que legisla tarde y controla menos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La discusión ya no es si los drones pueden ser usados por el crimen organizado; eso quedó demostrado. La pregunta es por qué el país permite que un mercado sin padrón, sin restricciones y sin seguimiento alimente una amenaza que ya golpea a civiles, militares y fronteras. Los detalles cuentan la historia.
