La escena lo dice todo. Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores se convirtieron este miércoles en las primeras familiares de víctimas en México en obtener una certificación oficial de competencias para la localización de personas desaparecidas.
La acreditación fue otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, Conocer, y reconoce formalmente conocimientos metodológicos y de campo que las familias desarrollaron durante años de labores independientes frente a la saturación de los organismos estatales.
El certificado corresponde al Estándar de Competencia EC1542 y faculta a las activistas para tareas específicas: recolección de información preliminar, sistematización de datos en fichas de búsqueda, análisis de campo, ejecución de rastreos remotos, entrevistas a testigos y redacción de informes técnicos.
Flores, que busca a sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio —desaparecidos en 2015 y 2019, respectivamente—, dijo que la acreditación busca dotar a las familias de herramientas profesionales sin relevar al Estado mexicano de sus obligaciones constitucionales de investigación y justicia.
El contexto es brutal. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza más de 130.000 casos activos de desaparición acumulados desde mediados del siglo pasado. Frente a esa magnitud, la formalización de brigadas voluntarias deja de ser un gesto simbólico y pasa a ser una respuesta institucional a una realidad que desbordó al aparato estatal.
La certificación también marca un precedente en la relación entre el gobierno federal y las organizaciones de familiares. Hasta ahora, las redes de búsqueda ciudadanas han operado bajo condiciones de alto riesgo, amenazas continuas e insuficiencia presupuestaria en diversas regiones de la geografía mexicana.
Con la validez curricular e institucional de los protocolos de rastreo, los colectivos esperan acelerar el acceso a fosas clandestinas y mejorar la articulación con las fiscalías estatales. También aspiran a reducir los tiempos de respuesta e identificación forense en los casos de desaparición forzada a nivel nacional.
No es un detalle menor que el Estado reconozca como competencia formal una tarea que miles de familias aprendieron por necesidad, dolor y abandono institucional. Cuando las madres tienen que profesionalizar la búsqueda de sus propios hijos, el problema ya no es solo administrativo: es moral y político.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en la que una acreditación oficial se convierte en noticia. El gobierno valida capacidades ciudadanas, pero el desenlace que importa sigue pendiente: que esa certificación no termine siendo una coartada para normalizar la insuficiencia del aparato estatal.
Si la burocracia aprende de las familias, bien. Si solo las certifica mientras sigue sin encontrar a los desaparecidos, el gesto será insuficiente. Lo que está en juego no es un trámite, sino el deber básico de un Estado de buscar, investigar y hacer justicia.
