La escena lo dice todo. En Ciudad de México, Abogados Cristianos Hispanoamérica lanzó este viernes una campaña de recolección de firmas contra la legalización de la eutanasia en México. Al mismo tiempo, pidió a las autoridades que den prioridad a una legislación integral sobre cuidados paliativos.
El impulso llegó después de un pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que consideró que la llamada «Ley Trasciende» resulta «compatible con la progresividad de los derechos humanos». Ese respaldo encendió una respuesta inmediata de la organización conservadora, que convirtió el desacuerdo jurídico en una ofensiva pública.
Polonia Castellanos, presidenta de la asociación de juristas cristianos, sostuvo que la eutanasia «no es una solución, ni dota de dignidad al que está sufriendo». Desde esa postura, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para priorizar el acompañamiento de los pacientes y garantizar la atención médica hasta el final natural de la vida.
Castellanos fue más lejos en su advertencia. Dijo que no se puede permitir que un gobierno, ni ningún organismo, prive de garantías de salud a nadie. También afirmó que no se puede permitir que ningún enfermo sea abandonado por falta de recursos, desesperación personal o desgaste de sus familiares.
La «Ley Trasciende» busca reformar la Ley General de Salud para despenalizar la eutanasia y regular el derecho a una muerte digna asistida en pacientes con enfermedades terminales o padecimientos crónicos e irreversibles. El proyecto plantea que las personas en etapa terminal puedan solicitar la terminación anticipada de su vida mediante auxilio médico, siempre que exista un consentimiento informado explícito y la validación de un comité de especialistas.
Ahí está el giro de fondo. No se discute solo una técnica médica o un trámite legislativo. Se discute quién define el límite entre acompañar al enfermo y abrir la puerta a que el Estado regule la muerte como una prestación más del sistema de salud.
La organización conservadora argumentó que la aprobación de la eutanasia ejerce presión sobre los sectores más vulnerables, altera la función médica y suele expandirse más allá de los casos terminales. Por eso instó a garantizar un «tratamiento adecuado del dolor» y respaldo a las familias cuidadoras de los pacientes.
El debate ya venía subiendo de tono en la capital. El pasado 28 de agosto, decenas de pacientes, familiares y activistas marcharon hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con más de 200.000 firmas. Después de esa manifestación, obtuvieron el compromiso de Clara Brugada de priorizar la discusión en el periodo legislativo.
En el marco legal actual, México autoriza la voluntad anticipada para rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, pero prohíbe la eutanasia activa. En abril, Claudia Sheinbaum dijo que «es un tema complejo, que tiene que discutirse socialmente».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La discusión no solo enfrenta dos visiones sobre el sufrimiento y la autonomía. También revela una tensión clásica entre la expansión de derechos y el riesgo de que la burocracia sanitaria termine sustituyendo el cuidado por una solución irreversible.
Los detalles cuentan la historia. Si el Estado va a intervenir en el tramo más delicado de la vida, la exigencia mínima debería ser claridad, protección para los vulnerables y prioridad real para los paliativos. Cualquier otra cosa deja a los enfermos y a sus familias cargando con el costo más alto: una decisión tomada demasiado pronto o sin suficientes garantías.
