La mesa de diálogo nacional instalada en Caracas incorporó este jueves la detención del exalcalde del municipio Torres, Javier Oropeza, como uno de los puntos de discusión del segundo ciclo de negociaciones entre actores políticos.
Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, informó que la aprehensión del dirigente de Carora fue planteada de forma inmediata por la representación opositora tras confirmarse su detención en el estado Lara a manos de organismos de seguridad.
Figuera dijo que la delegación exigió el cese de la medida privativa de libertad y la restitución de sus derechos. También señaló que, según lo acordado en la mesa, los integrantes del espacio se comprometieron a adelantar gestiones institucionales para procurar la liberación inmediata del exmandatario local.
«Conocimos de la detención arbitraria de Javier Oropeza durante el encuentro e inmediatamente exigimos su liberación. Se asumió el compromiso de realizar las diligencias para su pronta liberación; estaremos atentos hasta que se cumpla», afirmó Figuera al fijar postura sobre el caso.
El pronunciamiento se produjo mientras la agenda de la negociación incluye, según la propia oposición, la revisión de expedientes judiciales y la posibilidad de medidas cautelares o sobreseimientos para dirigentes disidentes. En ese marco, Figuera reiteró que el avance de los acuerdos políticos debe contemplar la libertad plena de los ciudadanos considerados presos políticos.
Oropeza había retornado recientemente al país tras permanecer en el exilio, de acuerdo con la información difundida por la parlamentaria. Su detención, confirmada en Lara, pasó así de ser un episodio policial a convertirse en un expediente político dentro de la mesa de negociación.
La escena lo dice todo. En un país donde la institucionalidad se negocia a puerta cerrada, la libertad de una persona termina dependiendo de compromisos asumidos en una mesa política y no de reglas claras, previsibles y aplicadas sin selectividad.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: cuando la burocracia y los actores partidistas ocupan el centro, el ciudadano queda en el margen. El caso Oropeza muestra, una vez más, el costo humano y político de un sistema en el que la justicia y la discrecionalidad del poder se cruzan con demasiada facilidad.
Desde la óptica de esta casa, el desenlace importa más allá de un nombre propio. Si la promesa de gestionar su liberación se cumple, será una señal mínima de alivio; si se dilata, confirmará que el aparato estatal sigue funcionando como una palanca de presión sobre la disidencia. En cualquier caso, el principio en juego es el mismo: sin garantías individuales, no hay estabilidad institucional que valga.
