Martín Menem defendió la vigencia del DNU 70/23 después de que la oposición no consiguiera el quórum para debatir su derogación en la Cámara de Diputados. En una entrevista con Infobae en Vivo, el presidente del cuerpo sostuvo que «lo importante es que la Argentina no retrocede» y respaldó el rumbo económico del Gobierno.
La escena lo dice todo. La oposición reunió 121 diputados, pero no alcanzó el número necesario para abrir la sesión. Las ausencias de legisladores vinculados con gobernadores que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada fueron determinantes para frustrar el intento.
Menem cuestionó la iniciativa opositora y puso el foco en las desregulaciones impulsadas por Javier Milei. Dijo que no pudo escuchar «cuál era el beneficio para la sociedad de tirar abajo el DNU 70» y sostuvo que el decreto «destrabó un montón de situaciones que estaban totalmente trabadas en la burocracia estatal».
Frente a los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del decreto, señaló que esa discusión corresponde a la Justicia. En paralelo, confirmó que el oficialismo estudia trasladar parte de las reformas a proyectos de ley para que no dependan de mayorías circunstanciales en el Congreso.
«Estamos trabajando esto en nuestra mesa parlamentaria, puertas adentro, en ver cómo podemos plasmar legislativamente el DNU, pero en términos de ley», explicó. También admitió que la sesión fallida deja una advertencia para el oficialismo: «Es un llamado de atención para que podamos tal vez intentar avanzar en legislar».
El titular de la Cámara baja describió además las dificultades de La Libertad Avanza para reunir apoyos propios. Dijo que cada vez que convocan una sesión siguen siendo «94 o 95» y que están «a 34 del quórum».
En su repaso por los efectos que atribuye a las desregulaciones, mencionó la conectividad satelital. Según afirmó, alrededor de tres millones de personas utilizan ese tipo de conexión y una empresa del sector donó 6.000 antenas para escuelas rurales, con un alcance potencial de unos 250.000 estudiantes.
Más adelante, Menem confirmó una convocatoria parlamentaria para el miércoles 21 con iniciativas vinculadas con discapacidad y morosidad, además de otros asuntos legislativos. También cuestionó que la oposición hubiera incorporado esos temas en el pedido de sesión para ampliar el respaldo a la discusión sobre el DNU y la Ley de Tierras.
Sobre discapacidad, aseguró que el oficialismo trabaja en un texto alternativo que contemple distintas situaciones y establezca mecanismos de control. Dijo que buscan «evitar la discriminación y evitar los abusos» y que la intención es construir una política permanente, no una emergencia renovable.
El financiamiento apareció como otro eje de la discusión. Menem recordó que el Congreso aprobó una emergencia que luego fue vetada e insistida, pero cuestionó que la normativa no tuviera recursos suficientes garantizados. «Las leyes tienen que tener financiamiento», afirmó.
El presidente de Diputados también defendió la reforma laboral como mecanismo para incentivar la contratación formal. Y al referirse a la Ley de Tierras, admitió que el oficialismo perdió la batalla comunicacional, pero defendió los cambios propuestos y cuestionó las restricciones vigentes a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Dijo que «la Ley de Tierras que tiene la Argentina es la más restrictiva de toda América». También rechazó los controles de precios y sostuvo que esas intervenciones generan distorsiones en los mercados. Sobre el mercado inmobiliario, afirmó que la derogación de la Ley de Alquileres multiplicó la oferta de propiedades y contribuyó a reducir los valores de los alquileres.
El trasfondo es político y económico a la vez. El Gobierno necesita convertir sus desregulaciones en reglas más estables si quiere que el cambio sobreviva al tironeo parlamentario. Sin mayorías sólidas, cada reforma queda expuesta a la fragilidad del Congreso y al vaivén de la negociación con gobernadores y bloques sueltos.
Para el contribuyente y para la libertad económica, el desenlace importa más que la pelea de corto plazo. Si el oficialismo logra llevar parte del DNU a leyes, ganará previsibilidad; si no, quedará claro que el aparato político sigue capaz de trabar reformas que buscan destrabar mercados, inversión y contratación formal.
