La escena lo dice todo. En una nueva sesión del Comité Social, los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Vivienda y Urbanismo volvieron a sentarse a coordinar prioridades sociales. Esta vez, las titulares de Mideso y Salud, María Jesús Wulf y May Chomali, pusieron sobre la mesa avances en discapacidad, cuidados domiciliarios, acceso a medicamentos y respuesta a emergencias climáticas.
Chomali detalló el proceso de modernización de la certificación de discapacidad, junto con una nueva plataforma para que el usuario haga seguimiento. Según la ministra, en las dos semanas de funcionamiento del nuevo sistema ya se cerraron más de 3 mil solicitudes de un total de 5 mil recibidas en menos de 15 días.
La ministra aseguró que el nuevo proceso y la plataforma «están dando buenos resultados». Añadió que esto es clave porque, sin el certificado de discapacidad, las personas no pueden acceder a los beneficios. El dato central es ese: no se trata solo de digitalizar trámites, sino de destrabar una puerta de entrada al sistema de ayudas.
En la misma intervención, Chomali destacó la incorporación de más de 400 sucursales de Farmacias Ahumada a la Ley Cenabast, una política pública que permite acceder a medicamentos a precios más bajos en farmacias privadas adheridas. La ministra dijo que el cálculo oficial arroja un 53,6% de menor costo de bolsillo y un ahorro de 14 mil 650 millones de pesos por estos medicamentos con precio máximo de venta.
Ese es el tipo de coordinación que importa cuando el Estado quiere mostrar resultados concretos: menos fricción para el usuario y menos gasto para el bolsillo de las familias. Los detalles cuentan la historia. En un país donde cada peso pesa, bajar el costo de los remedios no es un anuncio menor.
Wulf, por su parte, informó que la Red Local de Apoyos y Cuidados tendrá un aumento de 2.624 millones de pesos, equivalente al 4,7%. Ese incremento permitirá sumar 24 nuevas comunas y llegar a 333 de las 345 que establece la ley. El objetivo declarado es avanzar hacia una cobertura nacional con apoyos especializados y asistencia en el hogar para personas con dependencia moderada o severa y para quienes las cuidan.
La ministra vinculó ese aumento con la reducción de la sobrecarga de las personas cuidadoras. En un país donde el cuidado recae muchas veces sobre familias y especialmente sobre mujeres, el giro presupuestario apunta a sostener una carga que hasta ahora ha sido absorbida en silencio por los hogares.
Wulf también mencionó el Plan Chile Cuida a los Niños, que integra prevención, apoyo a la crianza y medidas urgentes para fortalecer la protección especializada frente a la explotación sexual y el crimen organizado. A eso sumó Crecer en Familia, un programa que se implementa en 12 regiones para que niños de 0 a 3 años dejen residencias y crezcan en un entorno familiar.
Según la ministra, ese programa ya registra 247 niños egresados y en agosto, por primera vez, egresaron más niños de los que salieron. Es un dato relevante porque muestra un cambio en la dinámica de una política que busca reducir la permanencia institucional en la primera infancia.
La sesión también dejó espacio para las emergencias climáticas. Wulf señaló que se desplegaron ayudas tempranas, se habilitaron más de diez mil cupos diarios para personas en situación de calle y se aplicaron más de 78 mil fichas FIBE, con más de 222 mil personas caracterizadas y más de 70 mil hogares beneficiados.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El hilo conductor es claro: el aparato estatal intenta llegar más rápido y con más cobertura a problemas que golpean a los hogares por varias vías, desde la discapacidad hasta el costo de los medicamentos y la falta de cuidado domiciliario.
Pero también hay una lectura de fondo que no conviene perder de vista. Cuando el Estado celebra que moderniza trámites o amplía programas, en realidad está reconociendo que por años esas personas dependieron de una burocracia lenta, costosísima y difícil de navegar. La buena noticia es el avance; la mala, que todavía hace falta una máquina pública más ágil y menos opaca para que los beneficios lleguen sin demora a quien los necesita.
En esa tensión se juega el desenlace. Si la eficiencia prometida se sostiene, habrá menos dinero desperdiciado y más apoyo real para familias que cargan solas con parte del problema. Si no, la trastienda volverá a mostrar lo de siempre: recursos públicos que crecen, pero resultados que avanzan más lento que la urgencia social.
