La escena lo dice todo. Un funcionario de Carabineros o de la PDI cae en un procedimiento policial y su familia queda, en la práctica, sin un régimen especial que la proteja más allá de los beneficios previsionales ordinarios. Ese vacío es el que la bancada de diputados de la UDI decidió nombrar en voz alta este sábado, cuando presentó la denominada «Agenda Mártires de Chile».
El paquete de iniciativas busca crear un estatuto especial de protección para las familias de funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones fallecidos en actos de servicio durante procedimientos policiales. El argumento de los parlamentarios es preciso: ante el aumento de hechos de violencia contra efectivos policiales y la ausencia de un régimen especial, los beneficios actuales resultan insuficientes.
El dinero de los contribuyentes, con nombre y apellido
La propuesta es ambiciosa en su alcance y concreta en sus números. En materia previsional, plantea modificar el cálculo de la pensión de montepío para que se base en el grado que el funcionario habría alcanzado al finalizar su carrera, no en el que tenía al momento de morir. También propone eliminar restricciones de acceso al beneficio y equiparar las pensiones entre los distintos beneficiarios.
En educación, el Estado financiaría el 100% de los estudios de los hijos, desde la educación prebásica hasta la obtención de un título técnico o profesional, sin considerar el nivel socioeconómico. El documento también contempla becas para postgrado, recursos para útiles escolares, uniformes y transporte, además de cupos preferentes en establecimientos de excelencia.
El seguro de vida subiría hasta 10.000 UF, con un anticipo equivalente al 10% de ese monto pagadero dentro de las 48 horas posteriores al fallecimiento, pensado para cubrir los gastos inmediatos que ninguna burocracia puede prever.
Una vivienda, una deuda condonada, una exención permanente
En el ámbito habitacional, la agenda propone que el Estado adquiera una vivienda de hasta 4.500 UF para las familias que no sean propietarias. A eso se suma la condonación de los saldos de créditos hipotecarios vigentes y una exención permanente del pago de contribuciones de bienes raíces. Son medidas de largo aliento, no parches de emergencia.
El documento también considera apoyo psicológico y acompañamiento psicosocial sin límite de tiempo para cónyuges, convivientes civiles, hijos, padres y hermanos dependientes. Se añaden programas de reinserción laboral, un subsidio especial de inserción laboral para los hijos de los efectivos y la asignación de un abogado financiado por el Estado para representar a las familias en los procesos judiciales derivados del fallecimiento del funcionario.
Los detalles cuentan la historia. Cada una de estas medidas responde a un flanco específico: el económico inmediato, el educativo de largo plazo, el habitacional, el emocional y el jurídico. La agenda no es una declaración de principios; es un catálogo de obligaciones que los parlamentarios quieren convertir en ley.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa pregunta de fondo: ¿qué le debe el Estado a quien pone el cuerpo para sostener el orden? La respuesta que da la UDI es que la deuda es concreta, medible y urgente. No es retórica de campaña; es un estatuto con cifras.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la propuesta ilumina un principio que con frecuencia se pierde en el debate público: el Estado tiene obligaciones primarias antes de expandirse hacia nuevas funciones. Financiar postgrados para hijos de policías caídos no es gasto superfluo; es el reconocimiento de que quienes asumen el riesgo de morir para que los demás vivan en paz merecen algo más que una pensión calculada sobre el último grado alcanzado. La pregunta que queda sobre la mesa es si el oficialismo tendrá la voluntad política de tramitar estas iniciativas o si, una vez más, el aparato estatal encontrará la forma de dejar el debate en el cajón.
