La escena lo dice todo. En plena semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, una bandera desplegada en las tribunas rezaba «Las Malvinas son argentinas». Días después, Simon Jenkins, columnista del diario británico The Guardian, tomó esa imagen como punto de partida para una columna que reavivó el debate sobre el futuro del archipiélago austral.
El argumento de Jenkins no es nuevo, pero el momento en que lo lanza le da un peso particular. Esta semana, la Unión Europea y el Reino Unido firmaron un acuerdo que elimina los controles fronterizos entre España y Gibraltar, seis años después del Brexit. Para el columnista, ese pacto es el espejo en el que Londres debería mirarse al pensar en las Malvinas: si fue posible desactivar la fricción con Madrid sobre un enclave disputado, ¿por qué no intentarlo con Buenos Aires?
«Ninguno de los territorios de la era imperial de Gran Bretaña tiene el derecho eterno de seguir como está, y mucho menos uno que cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras al año en costos de defensa», escribió Jenkins. La cifra es el núcleo duro de su razonamiento: no una apelación sentimental, sino una cuenta que alguien tiene que pagar.
La trastienda que la guerra borró
Para entender el presente hay que volver a esa semana —o, más precisamente, a esas décadas. Jenkins reconstruye tres momentos de diálogo bilateral previos al conflicto de 1982. El primero, entre 1966 y 1968, produjo un memorándum de entendimiento para la eventual transferencia de soberanía; la filtración del documento en Londres y la presión del lobby isleño enterraron la propuesta en el Parlamento. El segundo fue la Declaración Conjunta de 1971 sobre comunicaciones entre las islas y el continente, que habilitó viajes, comercio y acceso a servicios médicos. El tercero llegó en 1974, cuando el gobierno laborista de Harold Wilson ofreció en forma confidencial al presidente Juan Domingo Perón un condominio de administración conjunta, con banderas compartidas, idiomas oficiales y gobernación rotativa.
Según el columnista, ese proceso generó una convivencia funcional: «Cientos de argentinos solían visitar Puerto Stanley como turistas. Los isleños estaban ganando gradualmente relaciones sensatas con sus vecinos costeros, de las cuales se esperaba que surgiera un acuerdo futuro». La junta militar argentina interrumpió ese hilo al invadir las islas mientras se negociaba en Nueva York, decisión que Jenkins califica en términos negativos. Pero el autor también critica lo que vino después: el bloqueo británico a cualquier conversación bilateral durante las últimas cuatro décadas.
«Un acuerdo podría haber salvado cientos de vidas y miles de millones de libras», afirma, en referencia a las propuestas de mediación de Estados Unidos y Perú que no prosperaron durante el conflicto.
El factor racial que nadie nombra
Jenkins introduce un argumento incómodo. Al explicar por qué Londres mantuvo la postura de no negociar después de 1982, escribe: «En verdad, sospecho que esto tiene mucho que ver con el hecho de que los isleños, a diferencia de los abandonados hongkoneses o los habitantes de Diego García, eran británicos blancos». La comparación es deliberadamente provocadora y sitúa la política de ultramar en un contexto de doble estándar.
Sobre el referéndum isleño de 2013, en el que la población votó abrumadoramente por permanecer bajo soberanía británica, Jenkins lo relativiza y pronostica un cambio inevitable por razones geográficas: «La realidad es que estas colonias, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes».
Lo que dice la columna y lo que calla
Los detalles cuentan la historia. Jenkins escribe desde un diario de centro-izquierda y su columna no tiene carácter oficial; es la opinión de un periodista, no una señal de política exterior del gobierno de Keir Starmer. Tampoco recoge la posición de los propios isleños, cuya autodeterminación sigue siendo el argumento central de Londres para rechazar cualquier negociación.
Pero la columna llega en un contexto que le da tracción: el acuerdo Gibraltar-España demuestra que Londres puede ceder en disputas territoriales históricas cuando el cálculo político y económico lo justifica. Y la cifra de más de 60 millones de libras anuales en defensa —dato que Jenkins pone sobre la mesa sin que nadie lo haya refutado públicamente— es exactamente el tipo de argumento que resuena en un Parlamento que debate presupuestos ajustados.
Desde Hemisferio, la pregunta no es si Jenkins tiene razón en el fondo, sino quién paga la cuenta de no resolver nada. Cuatro décadas de parálisis diplomática han convertido las Malvinas en un gasto fijo para el contribuyente británico y en una herida abierta para la política exterior argentina. El acuerdo de Gibraltar sugiere que los encuadres que parecían inamovibles pueden moverse cuando hay voluntad política. Lo que falta, en este caso, es precisamente eso: voluntad de ambos lados para sentarse a negociar sin que una bandera en un estadio sea la única conversación disponible.
