Desde Punta Arenas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, emitió una declaración por el 183° aniversario de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes y llamó a resguardar la soberanía del territorio nacional.
El gesto se produjo después de la controversia con Argentina por los límites en el estrecho, reactivada por dichos del jefe de las Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, quien incluyó a Magallanes al referirse a las zonas donde Argentina debía mantener presencia y soberanía. A eso se sumó otro episodio ocurrido en abril, cuando el jefe de Hidrografía Naval, contraalmirante Hernán Montero, afirmó que «la boca del Estrecho de Magallanes es argentina».
En la declaratoria participaron además los senadores Rodolfo Carter, Gastón Saavedra y Karim Bianchi, junto con la senadora Ximena Órdenes. Todos reafirmaron su compromiso con la integridad territorial, el ejercicio de la soberanía y los intereses permanentes de la Nación.
El texto sostiene que «el Estrecho de Magallanes forma parte del territorio nacional y se encuentra bajo el control y la soberanía exclusiva de Chile, dentro de los límites establecidos por los tratados vigentes». También afirma que su gobierno, administración y resguardo corresponden al Estado de Chile, con pleno respeto de sus obligaciones internacionales.
La declaración se apoya en el Tratado de Límites de 1881, que consagró la neutralización perpetua del estrecho y aseguró la libre navegación para las banderas de todas las naciones. Además, recuerda que el Tratado de Paz y Amistad de 1984 confirmó ese régimen y estableció, en su artículo 10, la obligación de la República Argentina de mantener, en cualquier tiempo y circunstancia, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin obstáculos hacia y desde el Estrecho de Magallanes.
Los senadores también invocaron el artículo 35, letra c), de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que preserva el régimen jurídico de los estrechos regulados por convenciones internacionales de larga data y aún vigentes.
«Valoramos la relación con la República Argentina y la paz construida entre ambas naciones», dice el escrito. Y agrega que la voluntad es fortalecer la cooperación y la buena vecindad sobre la base del respeto recíproco, la certeza jurídica y el estricto cumplimiento de los tratados.
La escena lo dice todo. En la misma declaración, los senadores señalaron que esta conmemoración exige asumir un compromiso sostenido con el futuro de Magallanes y de la zona austral, y que el desarrollo regional, la conectividad y el bienestar de sus habitantes deben ocupar un lugar permanente en las decisiones nacionales.
Ahí aparece el segundo frente: el Presupuesto Nacional 2027. Los legisladores adelantaron que allí harán presente la necesidad de «asegurar el mantenimiento, la renovación y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas necesarias para la vigilancia y el resguardo de los espacios soberanos de Chile», siempre de conformidad con los tratados vigentes.
La parte más sensible de ese mensaje fue económica y práctica. Según la declaración, esas capacidades deben contribuir a garantizar la seguridad y la libertad de navegación, la conectividad nacional y el normal desenvolvimiento del comercio marítimo internacional, incluida la actividad de los operadores privados y el derecho de los habitantes de Punta Arenas y de la Región de Magallanes a comerciar de manera libre y expedita.
Es decir: no se trata solo de una disputa de símbolos, sino de condiciones concretas para el comercio, la inversión y la vida diaria en el extremo austral. Cuando un territorio depende del tránsito marítimo, la certeza jurídica vale tanto como la bandera.
Después de la firma, Carter elevó el tono y pidió al gobierno del Presidente José Antonio Kast una respuesta más firme frente a Argentina. También sostuvo que los magallánicos se sienten abandonados por el poder central.
«¿Qué pasaría si alguien declarara desde un país vecino la soberanía compartida sobre el espacio aéreo de Santiago?», preguntó. Y añadió que lo dicho por Argentina sobre el Estrecho Magallanes «es falso, no es real».
Luego afirmó que no derogar el decreto 457 constituye «una amenaza a nuestra soberanía» y remarcó que Punta Arenas tiene derecho a comerciar con quien quiera, haciendo valer los tratados de 1881 y 1984. También describió el estrecho como un lugar desmilitarizado y aseguró que debe garantizarse la libre navegación de sus dos bordes.
Para la región, el debate es más amplio que una frase diplomática. Está en juego que el Estado cumpla, sin dilaciones, su función básica: resguardar soberanía, ordenar el territorio y proteger la libertad de navegación y comercio.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Cuando el poder central se muestra lento y la frontera marítima entra en zona de fricción, el costo lo pagan primero las regiones más expuestas. Magallanes pide menos retórica y más Estado: uno que haga cumplir los tratados, cuide la certeza jurídica y no deje al extremo sur discutiendo solo su propia defensa.
