El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea en Brasil. El veto alcanza las llamadas «bets» y, de acuerdo con las fuentes, engloba todos los tipos de apuestas digitales, además de la publicidad de las empresas del sector.
La medida fue presentada en São Paulo, con Lula acompañado por varios ministros. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, indicó que el Ejecutivo enviará al Parlamento, en régimen de urgencia, un proyecto de ley para tipificar la actividad en el código penal y reforzar la represión del juego en el país.
El decreto entra en vigor cuando se publique en el Diario Oficial. A partir de ahí, las plataformas ya no podrán recibir nuevos depósitos y los apostadores tendrán un plazo para retirar sus saldos. Según Durigan, las casas de apuestas deberán transferir los fondos remanentes a las entidades bancarias correspondientes entre el 7 y el 8 de octubre, y los reembolsos finales se ejecutarán entre el 9 y el 14 de octubre, mediante la red bancaria y con identificación del número fiscal del usuario.
El Gobierno también dijo que reforzará los recursos del Ministerio de Justicia y de la Policía Federal para perseguir las operaciones clandestinas, bloquear cuentas vinculadas a la intermediación ilegal e integrar sistemas de inteligencia financiera para cerrar dominios no autorizados. Las sanciones para las empresas que incumplan la norma van desde advertencias hasta multas de hasta 2.000 millones de reales, unos 330 millones de euros.
Lula justificó el veto con un discurso duro contra el sector. Lo describió como un «cáncer» y dijo que destruye la economía de las familias y la salud mental de la población. También sostuvo que no permitirá que las empresas de apuestas se enriquezcan a costa de los ingresos y la vida de las familias brasileñas.
La escena lo dice todo. El Gobierno no solo corta una actividad legalizada y regulada desde 2023, sino que también cambia de golpe las reglas para un negocio que había crecido con rapidez en el país. Las fuentes señalan que, en 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron 220.600 millones de reales en apuestas deportivas y casinos en línea.
El golpe económico no es menor. El veto provocará una pérdida en la recaudación tributaria del Gobierno y de ingresos para medios de comunicación y clubes de fútbol. En 2025, la administración brasileña recaudó unos 9.000 millones de reales y, en los ocho primeros meses de este año, ya superó esa cifra, según el Fisco.
La trastienda política también pesa. Lula convirtió el combate a las apuestas en una bandera electoral y la decisión llega en la recta final de una carrera muy ajustada. Las fuentes señalan que las encuestas lo sitúan en empate técnico con Flávio Bolsonaro.
Los clubes no tardaron en reaccionar. Palmeiras y Flamengo, entre otros, advirtieron del agujero que causaría la prohibición en sus cuentas. En un comunicado conjunto, lo llamaron «el fin del fútbol». Según las fuentes, las casas de apuestas deportivas ingresan más de 1.000 millones de reales al año en patrocinios a los equipos de primera división masculina.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El Estado brasileño primero legalizó las apuestas en 2018, luego las reglamentó en 2023 y ahora da marcha atrás con un veto total. El giro deja una señal clara: cuando el aparato estatal decide intervenir, el costo no solo lo pagan las empresas. También lo asumen los contribuyentes, los clubes y un mercado que había sido autorizado por el propio poder público.
El desenlace abre una pregunta incómoda para cualquier economía que pretenda atraer inversión y sostener empleo: cuánto vale una prohibición cuando el remedio destruye ingresos, empuja actividad al mercado ilegal y deja al fisco sin parte de esa recaudación. Brasil eligió cerrar la puerta. Ahora deberá demostrar que el control estatal compensa el precio que impone sobre la libre empresa.
