La escena lo dice todo.
Casi dos meses en un campamento improvisado frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas. No son diplomáticos ni delegados con credenciales. Son madres, hermanas y sobrinas que esperan que el encargado de negocios John Barrett les abra la puerta y escuche lo que los negociadores, al parecer, prefieren dejar para después.
Ese «después» es el problema.
El sábado, cuando arrancó en Caracas el diálogo impulsado por Washington entre representantes del chavismo y delegados opositores, las familias de los presos políticos venezolanos pidieron en voz alta lo que nadie dentro de la sala se comprometió a poner en el primer punto del orden del día: la libertad de sus parientes detenidos.
Lo que se negocia y lo que se omite
La delegación chavista, liderada por Jorge Rodríguez y compuesta por Ana María Sanjuán, Pedro Infante, América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, acordó con la delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera —acompañada por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara— que los primeros temas a tratar serían la atención a las víctimas de los recientes sismos, el «fortalecimiento» de la democracia y los «derechos y garantías políticas». Ninguna de las dos partes ofreció detalles sobre este último punto.
La libertad de los presos políticos no figuró entre esas prioridades anunciadas.
Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, fue directa al hablar con EFE: el «punto número uno» en las conversaciones debería ser la libertad de los presos políticos «si ellos de verdad quieren hacer las cosas bien» y «quieren una Venezuela limpia, libre y democrática». Su mensaje a los delegados fue igualmente claro: «Nosotros estamos acá y si quieren hablar con nosotros, acá los vamos a esperar».
Jessica Castro, sobrina de Gustavo Hernández, dijo tener «mucha esperanza» en el proceso, en parte porque participan políticos que integran la Asamblea Nacional elegida en 2015, controlada por la oposición. Reconoció que «una gran cantidad» de presos políticos han sido excarcelados desde enero, cuando las autoridades anunciaron que liberarían un «número importante» de personas, pero subrayó que aún «faltan muchos».
Yamileth Vidal, hermana del exalcalde Carlos Vidal, sumó su voz al mismo reclamo: que los participantes del diálogo «tomen en consideración la libertad de los presos políticos».
La legitimidad que Figuera carga
Entre los familiares hay una expectativa particular puesta en Dinorah Figuera, quien defiende la vigencia de la Asamblea Nacional de 2015. Morales expresó que «sería un honor» reunirse con ella porque, a su juicio, «entiende a todos los familiares de los presos políticos», ya que «se fue del país sabiendo que a ella también la podían meter presa» por pensar «diferente». Es un reconocimiento que no se extiende con la misma calidez al otro lado de la mesa.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que Washington decidió sentar a Caracas a negociar. El impulso estadounidense al proceso es, en sí mismo, una presión sobre el régimen. Pero la presión tiene sus propias jerarquías: los sismos y la retórica democrática llegaron primero al papel; los nombres de quienes siguen detenidos, todavía no.
Lo que está en juego
Los detalles cuentan la historia. Un campamento de dos meses frente a una embajada no es una protesta espontánea; es la señal de que los canales institucionales —tanto los del régimen como los de la oposición formal— no han bastado para que estas familias sean escuchadas. Que el diálogo arranque sin incluir la liberación de presos políticos como punto explícito de la agenda no es un tecnicismo procedimental: es una decisión política.
Desde esta redacción, la lectura es incómoda pero necesaria. Los procesos de negociación con regímenes autoritarios tienen una lógica propia: se cede en el símbolo para ganar en el fondo, o se gana en el símbolo y se pierde en el fondo. La historia de Venezuela ofrece demasiados ejemplos del segundo escenario. Las familias que acampan frente a la embajada estadounidense lo saben mejor que nadie. Su presencia es, en sí misma, un recordatorio de que la legitimidad de cualquier acuerdo que salga de esta sala dependerá, en última instancia, de cuántos nombres salen de las cárceles venezolanas cuando las cámaras se apaguen.
